El comunicado de la diplomacia peruana, que tiene lugar después de que los cuatro países latinoamericanos manifestaran su preocupación por la destitución y detención del exmandatario, resalta que entre las motivaciones de su arresto se encuentran la decisión de disolver el Congreso, la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otros organismos.
«Este proceder generó la decisión del Congreso de la República de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú, con el voto multipartidario de 101 congresistas, el voto contrario de sólo 6 de ellos y 10 abstenciones», esgrime la nota emitida por el Ministerio de Exteriores peruano, según Andina.
En tanto, ha recordado que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República.
«El Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú», precisa el comunicado de la Cancillería.
El Gobierno del Perú ha reiterado su más firme compromiso con el pleno respeto de los Derechos Humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del expresidente Castillo, y persistirá en resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país.
Los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina emitieron un comunicado conjunto expresando su «profunda preocupación» por la destitución y detención de Castillo, haciendo un llamamiento a las instituciones del país andino a respetar «la voluntad ciudadana en las urnas».
Según los cuatro países, para el mundo «no es una novedad» que Castillo, desde el día de su elección, «fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos», según esgrime la misiva, difundida en redes sociales por el gabinete de prensa del Gobierno mexicano.
«Nuestros Gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos», han afirmado los ejecutivos mexicano, colombiano, boliviano y argentino. En este sentido, han exhortado a los poderes del Estado a abstenerse de «revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio», solicitando a su vez que respeten «a cabalidad los Derechos Humanos del presidente Pedro Castillo y se le garantice la protección judicial».
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