Bárcenas apunta a Cospedal como responsable de ordenar el borrado de los discos duros

En su declaración como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, el exsenador ha afirmado que los discos duros que él utilizaba en la sede de Génova contenían información sensible que ponían de manifiesto la existencia de una contabilidad B en el PP, han informado fuentes jurídicas.

Se trata de pantallazos de correos electrónicos entre dirigentes populares, comprobantes de donaciones así como fotocopias de recibís de pagos regulares e irregulares del partido y hojas de cálculo de Excel con más información. Ahora bien, no ha concretado a quiénes iban dirigidos esos correos ni tampoco los documentos de los pagos.

Igualmente, ha manifestado que los discos duros de los dos ordenadores contenían información confidencial de carácter personal y documentos de sus cuentas en Suiza que eran claves para su defensa dentro del caso Gürtel donde está imputado, han añadido las fuentes.

En su interrogatorio, que ha durado dos horas y quince minutos, ha afirmado que Cospedal dio la orden en febrero de 2013 de cambiar su despacho e intervenirlo para después interceptar los ordenadores. Y ha apuntado a la secretaria general como la responsable de estar detrás del borrado que se produjo el 3 de julio de ese mismo año.

Bárcenas ha dicho que el PP sabía que en esos ordenadores había información «importante y relevante» que confirmaba la supuesta existencia de una contabilidad B en el partido.

Tanto es así, que ha afirmado que los discos duros contenían más información de la que presentó en el pendrive que entregó al exjuez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en la causa de los denominados papeles de Bárcenas.

Además, la juez ha aceptado la petición del extesorero de personarse como acusación contra el PP, pero aún debe resolver sobre la solicitud de las acusaciones que han pedido que el abogado del PP, Alberto Durán, declare en calidad de investigado y no de testigo, como había sido citado hoy, por lo que su comparecencia ha sido suspendida.

Quien si ha testificado ha sido la secretaria Estrella Domínguez, que ha dicho que no se acordaba de que Bárcenas tenía ordenadores en su despacho en su comparecencia ante la juez, que la ha llegado a recriminar por responder en muchas ocasiones que no recordaba nada, han explicado las fuentes.

Por su parte, el jefe de Seguridad de la sede del PP en el momento de los hechos, Antonio de la Fuente, que es cuñado del extesorero, ha admitido que no existía un protocolo de seguridad para destruir o borrar los discos duros de ordenadores.

Ha señalado que fue la gerente del PP, Carmen Navarro, por mandato de Cospedal la que ordenó el cambio de despacho de Bárcenas a la sala Andalucía, aunque ha precisado que solamente el extesorero disponía de la llave de esta sala que disfrutaba de manera propia.

Es más, ha agregado que cuando el personal de limpieza quería entrar en la sala, él debía avisar a Bárcenas para que pudieran facilitarle la llave. Fue en este lugar donde se encontraban los ordenadores con los discos duros que más tarde fueron borrados.

Al respecto, no ha sabido decir quien ordenó la apertura del despacho de Bárcenas en febrero, pero sí que en el primer intento que él mismo impidió pudo ver en la puerta a la secretaria personal de Cospedal. Ya en el segundo intento ha asegurado desconocer quien estaba allí, puesto que la gerente le dio unas vacaciones.

Precisamente, Navarro está citada mañana como «querellada-investigada», una condición que también tiene el PP como partido, aunque no ha sido citado a declarar como tal. Sí que declarará como investigado el jefe de Informática del PP cuando ocurrieron los hechos, Javier Barrero.

La jueza Rosa María Freire practicará estas diligencias después de que la Audiencia Provincial revocara la decisión de su antecesora en el juzgado de archivar la causa en octubre de 2013 «sin practicar diligencia de investigación alguna» y estimara los recursos de IU, la Asociación Justicia y Sociedad y Los Verdes.

El procedimiento se inició a raíz de una querella por daños informáticos y encubrimiento presentada por una acusación del caso Bárcenas liderada por IU ante el exjuez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz quien remitió las actuaciones a los juzgados de plaza de Castilla.