El auge de la digitalización en España ha traído consigo un preocupante incremento en las estafas online, especialmente aquellas relacionadas con el phishing. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha confirmado un alarmante aumento del 166% en las reclamaciones por este tipo de fraudes durante el último año, pasando de 109 casos en 2023 a 290 en 2024.
El phishing se ha convertido en una de las amenazas más comunes en el entorno digital. Esta práctica fraudulenta consiste en la suplantación de identidad de entidades legítimas mediante correos electrónicos o mensajes que buscan engañar a los usuarios para obtener información sensible o realizar cargos no autorizados. Grandes empresas como Banco Santander, Telefónica, Iberdrola y El Corte Inglés han sido objeto de estas suplantaciones, así como organismos públicos como la Guardia Civil y la DGT.
La OCU ha manifestado su preocupación por la gestión de las filtraciones de datos por parte de las empresas afectadas. «El problema no radica únicamente en las vulnerabilidades de seguridad, sino en la demora en la comunicación de estas brechas a los usuarios afectados», señalan desde la organización.
¿Cómo recuperar el dinero sustraído?
La principal novedad que destaca la OCU es que cualquier pago realizado bajo engaño se considera no autorizado según la legislación vigente. El Código Civil español, en su artículo 1.265, establece claramente que el consentimiento será nulo si se presta por error, lo que respalda legalmente las reclamaciones de los afectados.
Para recuperar los fondos sustraídos, la OCU establece un protocolo de actuación en tres fases:
1) Notificación inmediata a la entidad bancaria,
2) Presentación de denuncia ante las autoridades competentes, y
3) Reclamación formal al banco con la documentación pertinente.
Medidas preventivas recomendadas
La OCU aconseja implementar medidas de seguridad adicionales como la verificación en dos pasos, el uso de contraseñas robustas y la comprobación minuciosa de los remitentes de correos electrónicos. «La prevención y la rapidez en la actuación son fundamentales para minimizar el impacto de estos fraudes», subrayan los expertos.
Ante el incremento de casos, la organización ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos que intensifique la supervisión y aplique sanciones más severas a las empresas que no protejan adecuadamente los datos de sus clientes o no comuniquen las brechas de seguridad de manera oportuna.
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