El objetivo es intentar reducir los delitos financieros. | Freepik

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En los últimos años, el control sobre el uso de efectivo se ha intensificado en varios países europeos, incluyendo España. La Agencia Tributaria (Hacienda) ha establecido ciertos umbrales que, al ser superados, pueden desencadenar una investigación para verificar la legalidad y el origen de los fondos. Esta política tiene como objetivo combatir la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas que suelen vincularse con el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo.

Uno de los puntos críticos que deben tener en cuenta los ciudadanos es la cantidad de dinero que retiran de los cajeros automáticos. Según la normativa vigente, retirar más de 3.000 euros en efectivo en una sola operación o acumulados en varias transacciones podría generar una alerta en el sistema de Hacienda, lo que podría llevar a una investigación para justificar el origen del dinero.

¿Por qué Hacienda podría investigar una retirada de efectivo?

El motivo principal de esta normativa es reducir las actividades delictivas que se esconden detrás de grandes movimientos de dinero en efectivo. Hacienda quiere asegurarse de que las personas que manejan grandes cantidades de efectivo están pagando los impuestos correspondientes y no están ocultando ingresos o participando en actividades ilegales, como el blanqueo de capitales o la financiación de delitos.

El límite de 3.000 euros no es una cantidad arbitraria. Está basado en estudios sobre patrones de uso del efectivo y el impacto que las transacciones en efectivo tienen en la economía sumergida. Aunque no es ilegal sacar más de esta cantidad, la ley establece que cualquier movimiento de dinero por encima de ese umbral podría ser objeto de una revisión. Es importante que los ciudadanos estén preparados para justificar el origen del dinero retirado, en caso de ser solicitada dicha información por Hacienda.

¿Qué sucede si te investigan?

Si Hacienda detecta que un ciudadano ha realizado una retirada significativa de efectivo, es posible que se pida a la persona que aclare la fuente del dinero. Esta solicitud suele realizarse mediante una notificación, y el contribuyente deberá proporcionar documentación que respalde el origen legal del dinero. En algunos casos, si el dinero proviene de actividades no declaradas, podría abrirse una investigación más profunda que incluya la revisión de la declaración de impuestos del ciudadano, así como de sus cuentas bancarias.

En general, las personas que tienen ingresos declarados y retiran cantidades elevadas de dinero de fuentes legales, como salarios, ahorros o la venta de propiedades, no tienen nada que temer, siempre y cuando puedan justificar esos fondos. Sin embargo, aquellos que no puedan proporcionar pruebas convincentes del origen del dinero podrían enfrentarse a sanciones, multas o incluso cargos penales, dependiendo de la gravedad de la situación.