Desde el pasado agosto, una veintena de propietarios de viviendas o parcelas de Cala Morell vienen denunciando la situación a la que se ve abocada la ECU, y lamentan que, hasta este mes, no se hayan dado pasos desde el Consistorio para resolver la situación.
¿Qué reclaman?
A raíz de una votación «extraña» en una asamblea, los denunciantes descubrieron que el presidente de la junta directiva, Serge Blanchart, no es propietario y, por tanto, «no puede ser presidente». Lo mismo ocurre con la tesorera.
En la asamblea general del 10 de agosto de 2023, convocada con menos días de antelación de lo que corresponde, la junta sometió a votación que los vecinos la autorizaran para negociar la compra de una parcela de 17.000 metros cuadrados que tiene un pozo de agua (Torruella), y para solicitar un préstamo bancario para ese fin. La operación suponía un desembolso de 175.000 euros.
En ese momento presentaron el primer recurso de alzada ante el Ayuntamiento, para frenar las intenciones de la junta, teniendo en cuenta, además, que el acta de la asamblea era irregular, sin la firma del presidente, ni el listado de asistentes en la votación.
El 24 de agosto, los vecinos lograron reunirse con la alcaldesa, Juana Mari Pons, y técnicos municipales, donde les comunicaron que, a resultas del recurso interpuesto, «ya habían notificado al presidente de la ECU que la compra del pozo era competencia municipal y que desautorizaba a la ECU para realizar la compra».
Por otro lado, ese mismo día, los vecinos advirtieron a Blanchart que «todas sus actuaciones, como presidente, estaban fuera del ámbito de nuestros estatutos», por «estar fuera de sus atribuciones al no ser miembro de la ECU». Por ello, solicitaron que cancelara la asamblea convocada para el 25 de agosto, algo que no ocurrió.
Ambiente caldeado en la asamblea
A esa asamblea asistieron la alcaldesa y la concejal del servicio de Agua y Alcantarillado, Esperança Juaneda, pero aún así el ambiente fue «violento, lleno de acusaciones, reproches», sin que la presencia de las representantes municipales calmara los ánimos.
Los detractores denuncian «acuerdos que van en contra de los estatutos», pero además otras decisiones, como subir un 5 por ciento las cuotas a los socios; establecer «aportaciones especiales» hasta alcanzar 55.441,58 euros, aún contando la ECU con fondos suficientes, de más de 200.000 euros a finales de 2023. O abonar unos 13.000 euros por el asesoramiento sobre ayudas para el alcantarillado a un abogado o ingeniero; destinar 11.000 euros al mantenimiento de cortafuegos, cuando es competencia del Consell; o destinando más de 8.000 euros a la construcción de unos muros para camuflar contenedores que «corresponde al Ayuntamiento». Unos dispendios que, aseguran los vecinos, van acompañados de actitudes «dictatoriales», de una junta, insisten, «contraria a derecho».
El apunte
La Sindicatura de Greuges pide explicaciones al Consistorio y el presidente de la ECU estudia medidas a tomar
2 comentarios
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¿Y como se permite que la junta de vecinos actúe en sitios que no le corresponde? Hacer obras para ocultar los contenedores o limpiar el cortafuegos a otros les pondrían una buena multa y aquí se consiente.
va gros amb ses juntes. En el náutico porfin hay paz.. pero ha costado. Ahora llega el turno de Cala morell, también hay marro marro??? es curioso, junta cala morell, presidente extranjero y sin propiedad en la urbanización (presuntamente y según información leída en la noticia), si que vamos bien...