La exconsellera de Ordenación del Territorio, Marta Vidal, pidió ayer a los nuevos responsables políticos del Consell que, «con este auto, luchen con la misma fuerza que nosotros para revisar la sentencia judicial» que ya ha costado 29 millones de euros a los menorquines.
El hecho de que el mismo tribunal reconozca ahora que Cesgarden ya era propietario de los terrenos antes de la entrada en vigor del PTI avala «la documentación que afloró durante la investigación» llevada a cabo a principios de año en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. De ahí que apremie al nuevo gobierno insular a emprender «la vía del recurso extraordinario de revisión», para el que tiene un plazo de tres meses. Aunque, cuando ella lo intentó en el mandato anterior, ni el Juzgado de Palma, primero, ni la Audiencia Provincial, después, estimaron el recurso planteado por el gobierno del PP.
A la vista de la resolución, la exconsellera popular cree «sinceramente que los 16 millones (hoy 29) podrían haberse evitado con una gestión responsable del conflicto judicial». Por eso, contrapone el «excelente trabajo» del penalista Fernando Mateas, el abogado que ha llevado el caso, Francesc Marquès, y la Fiscalía Anticorrupción a los errores de bulto de la defensa jurídica que, bajo gobierno de Marc Pons en el Consell, precipitaron la multimillonaria sentencia que aún debe pagarse a lo largo de los próximos ocho años.
«Es la diferencia entre una buena y una mala defensa, entre una buena y una mala gestión política. Mientras Marc Pons dice que otros pagarán, nosotros decimos que no pagan otros, sino que siempre paga el mismo: el ciudadano». Y además, remarcó, paga toda Menorca «por el coste de construcción de un hotel que nunca se construyó, por el coste de luz y agua que jamás se gastó, y por el coste de personal que jamás se contrató».
Vidal celebró exultante el éxito de su defensa. «Es un día muy importante para Menorca», afirmó, pues «no debemos pagar los 11 millones ni ahora ni nunca». Tampoco deberán desembolsar los antiguos consellers las multas coercitivas semanales de 600 euros con las que se les amenazó si no pagaban a Cesgarden antes de un mes.
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