El Ayuntamiento de Maó deberá desembolsar 1,1 millones de euros por una expropiación forzosa de una parcela colindante a la calle San Manuel. El conflicto urbanístico se refiere a la prolongación de la calle Infanta hasta el vial de Ferrer Aledo.
El Plan General de Ordenación Urbana de 1987 prevé que la parcela sea suelo municipal para ejecutar esta prolongación de la calle Infanta además de contemplar una zona verde, por lo que la propiedad, Masnet Incorts Inversions SL solicitó la ejecución de dicha expropiación.
Ante este hecho, el Ayuntamiento intentó reducir la cantidad solicitada inicialmente por la propiedad hasta que el 17 de febrero de este año el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa resolvió fijar la cantidad final en 901.183 euros además de otros 182.953 euros en concepto de intereses legales.
El justiprecio expropiatorio dictado por el Jurado Provincial supone otro varapalo para el Ayuntamiento de Maó que tendrá que hacer frente a una indemnización millonaria que hipoteca todo margen de maniobra.
El pleno que se celebrará esta noche prevé aprobar un convenio suscrito con la propiedad de la parcela para fraccionar el pago de la indemnización además de "paralizar los intereses que seguirían acumulándose ante el impago de la cuantía fijada por el Jurado Provincial", tal y como señala la concejala de Urbanismo, Ana Lía Noval. El acuerdo permitirá a su vez aligerar esta nueva losa que debe afrontar el Ayuntamiento. El calendario de pagos contempla la fracción de la indemnización hasta 2015. En concreto, se marcan tres cuotas en 2013 con un total a pagar de unos 400.000 euros, dos en 2014 por un valor similar y otras dos en 2015, según fuentes municipales.
Pero ésta no será la única indemnización expropiatoria a la que el Ayuntamiento de Maó deberá hacer frente. Y es que según esta mismas fuentes municipales, el litigio de una parcela en Llucmaçanes, en concreto, en la finca de Llucmaçanes Gran, no tardará en resolverse. La parcela figura en el Plan General como equipamiento municipal. El pleito urbanístico ya lleva cerca de 30 años de peregrinaje judicial y la resolución fijada no bajará del medio millón de euros, según los cálculos municipales.
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