El exgerente de la Fundació acusa al Consell de amiguismo y ocultismo

Las duras críticas de Manolo Pons deben ser desmenuzadas en varios fragmentos. De entrada, explica que después de su dimisión (motivada por motivos de salud), desde el Consell le quitaron los poderes notariales para entregárselos a Carles Canes. Hasta aquí, normal. Entonces, hacen público que revisarán las cuentas de la entidad, y para hacerlo, contratan una empresa de Madrid que, según Manolo Pons, "es amiga del director insular". Además del presunto amiguismo, el ex gerente critica que cuando se puso en marcha la Fundació ya se realizó un completo estudio, que costó 18.000 euros. Pons exige explicaciones sobre este estudio, sobre su necesidad y sobre si su contratación se ha hecho de espaldas a la junta ejecutiva de la Fundació y también de su patronato.

El ex gerente denuncia otra contratación sospechosa, en este caso en el Càtering Social.

Explica Pons que los proveedores no cobran desde marzo, y por eso, estos empresarios se reunieron con el director insular, Carles Canes. Tras este encuentro, la decisión del Consell fue cambiar de proveedor, y dejar el servicio en manos de una única empresa, Duchisela, cuyo propietario, siempre según Pons, es el marido de una exconcejal del Partido Popular. "Pierden calidad y variedad, y además, les sale más caro", entiende el exgerente, quien asegura que él nunca contrató directamente a un proveedor, sino que lo hacían los responsables de cada área. La última contratación que critica Pons es la de una gestoría "supuestamente amiga de la consellera sin que el Patronato ni la Ejecutiva sepan nada. Espero que no sea una estrategia para ceder a esta empresa parte de la gestión y despedir a una persona que acaba contrato en diciembre y que se encarga de esta función".

ACTUACIONES IRREGULARES
Las críticas de Manolo Pons al actual equipo de gobierno del Consell se centraron también en actuaciones ya realizadas y que, entiende, incumplen los convenios de la Fundació. Por ejemplo, la decisión de cerrar el centro de discapacitados de Milà. Según Pons, "o se rompe la Fundació, o esta decisión no puede adoptarse. Es ilegal. Según el convenio marco de la Fundació, el Consell cedía toda la gestión sobre discapacitados a la Fundació, y todos los casos de derivación a cualquier servicio debe contar con un informe preceptivo de conformidad. El centro al que quieren trasladar a los internos, Trepucó 1, no está acreditado. Además, el centro de Milà supone unos ingresos de 200.000 euros por plazas concertadas, y ahora se las quieren llevar a un centro gestionado por el Consell, porque esta entidad ha incumplido el acuerdo marco de la Fundació que prometía ceder este centro a la organización". La otra queja en este sentido es la designación del director insular Carles Canes como máximo responsable de la Fundació, cuando esta entidad, defiende Pons, "tenía claro que el gerente no podía ser un cargo de confianza. Yo creía que la Fundació estaba blindada ante la acción política y en cambio ahora se están tomando decisiones desde lo político".

LOS NÚMEROS SALEN
Otro de los aspectos por los que Manolo Pons decidió ayer dar la cara ante los medios de comunicación son las dudas que se han sembrado sobre la viabilidad y los números económicos de la Fundació. En este aspecto, el ex gerente es muy claro: la entidad tiene superávit, y por lo tanto, no es cierto que esté sobredimensionada, como han asegurado desde el Consell. "Si quieren hacer recortes, que lo digan, pero son injustificados", sentencia. Así, recuerda que el año pasado el superávit fue de 91.000 euros, y que este año, en el mes de septiembre, los números arrojaban un beneficio de 278.000 euros. El problema está, asegura Pons, en los impagos de las administraciones. Así, explica que la Fundació tiene pendiente de cobrar 1,4 millones de euros, y por contra, arrastra una deuda de 772.000 euros con entidades bancarias y proveedores. "Si restamos lo que nos deben a lo que debemos, tenemos un remanente positivo, pero la administración, como no paga, quiere recortar", resume. En este sentido, plantea qué pasaría si la misma situación se produjera, por ejemplo, con el desdoblamiento de la carretera general. "Estoy seguro que si al conseller le dicen que puede hacer el desdoblamiento y que ya cobrará, seguro que lo hace. En cambio, con la Fundació no piensan igual", comenta. El exgerente añade que si hay deudas, se corresponden a proyectos financiados mediante convenios formalizados, pendientes de cobrar.

La actitud del Consell y la incertidumbre sobre el futuro de la Fundació acaba afectando, relata Manolo Pons, a los trabajadores de la casa. "Se ha creado un estado de nervios que afecta a los trabajadores que, sin querer ni darse cuenta, también lo trasmiten a los usuarios. Y todo por noticias infundadas difundidas por el Consell".

APELACIÓN A TADEO
Ante esta situación, Manolo Pons apela al presidente del Consell, Santiago Tadeo. "Lo de la consellera y el director insular es vergonzoso, nunca había visto algo así. Tengo confianza en Santiago Tadeo, y él es quien puede actuar ante esas dos personas que trabajan a sus órdenes", asegura. Según Pons, "los discapacitados siempre hemos estado a la cola de todo. Ahora empezábamos a levantar la cabeza, pero parece que nos la quieren volver a enterrar. Creo que las familias, los sindicatos, los trabajadores e incluso las patronales deberían dar un puñetazo sobre la mesa y rebelarse ante esta situación".