Un acuerdo muy «genérico» en colisión con dos leyes y un decreto

Hasta ahora, el ejercicio de la libre elección de lengua, que está en la Ley de Normalización, se aplicaba a través de una orden del propio conseller del año 2004 y que exigía una solicitud por escrito en el primer momento de la matrícula. El TSJIB ha resuelto en varias sentencias al respecto. En una de las más recientes señalaba: «La posibilidad de hacer efectivo el derecho a la libre elección debe entenderse ceñida al momento en que por primera vez se realiza la matrícula en la educación infantil o en el primer ciclio de Primaria si antes no se hubiera realizado en Infantil». Llabrés apunta ahí a otra colisión cuando el acuerdo habla de primera enseñanza: «Proponen que la libre elección se haga en todos los centros educativos en la primera enseñanza, pero la incorporación al sistema en Primera ya es algo que no se produce, se hace en Infantil».

El tercer escollo normativo, para Llabrés es el ‘Decreto de Mínimos' de 1997 que señala que determinadas asignaturas deben impartirse en catalán: Conocimiento del Medio en Primaria y Naturales, Sociales y Geografía e Historia en Secundaria y, a partir de ahí, extenderlo a otros.

«El decreto murió»

Marc González, abogado de Escola Católica, discrepa. «El Decreto de Mínimos murió en el año 2013. En el mismo momento en el que se hizo pública la sentencia en la que el TSJIB derogaba el TIL, el Govern hizo otro decreto ley que era incompatible. Si hubiera tenido vigencia, en todo caso, la Ley de Educación incorpora dos artículos que recuperan principios del decreto pero no el conjunto», señala. Indica que la Ley impulsada por el anterior Govern no entra en ese nivel de detalle sino que se limita a indicar que, al menos el cincuenta por ciento de la enseñanza será en catalán y que el resto dependerá del modelo lingüístico de cada uno de los centros. «El legislador en 2022 no tenía en su ánimo reproducir el decreto sino solo algunas cosas», añade.

González también plantea dudas sobre hasta qué punto la administración pública puede «vaciar» de contenido el derecho de los centros educativos y de sus titulares, en el caso de los concertados y privados, a mantener el propio proyecto lingüístico que deseen sus propietarios.