La Dirección General de Farmacia impuso al profesional una sanción de 78.000 euros y el decomiso de los más de 144.000 euros que el farmacéutico había ganado con este negocio de «distribución a la inversa». El tribunal rebaja la sanción a 60.000 euros al entender que lo ocurrido no suponía un grave riesgo para la salud porque ese desabastecimiento que argumentaba el Govern no se llegó a producir de una manera efectiva o, al menos, las administraciones no lo han demostrado.
El empresario vendió a una farmacia de Granada por valor de 518.000 euros más de 15.000 pastillas de ambos medicamentos.
Uno de ellos sirve para evitar el rechazo de órganos en el caso de trasplantes y, el otro palía los efectos de la parálisis móvil del paciente.
La sentencia aprecia la existencia de una infracción de la normativa de distribución de medicamentos que «se reserva exclusivamente a los almacenes mayoristas especialmente autorizados por la administración y bajo la supervisión y control de ésta».
El farmacéutico admitió también la venta de esos medicamentos a distribuidores en países en los que esos productos estaban autorizados pero tenían un precio más alto que el que se pagaba en España. El tribunal le reprocha que «esa conducta no fue casual o aislada sino reiterada y constante durante 18 meses». Añade: «Se produjo en el seno de una trama y además, con un montante económico muy notable».
Así, el tribunal aprecia agravantes de intencionalidad y del beneficio obtenido pero no por riesgo grave para la salud por desabastecimiento y rebaja la sanción de máxima a media. El farmaceútico tendrá que abonar en total 204.000 euros, si bien puede recurrir.
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