El Govern anuncia un acuerdo en la ley de alquiler turístico que Podemos aún cuestiona

El acuerdo anunciado pasaría por recuperar el polémico artículo 49 de la ley, que cayó con el voto del PP y de Podemos. Es la clave de la normativa ya que ese artículo permite el alquiler en viviendas plurifamiliares, pero deja en manos del Consell y del Ajuntament de Palma la posibilidad de prohibirlo. Podemos votó en contra porque quería que la ley prohibiera taxativamente el alquiler en Eivissa y en Palma y alegó que no se fiaba del PSIB.

Palma y Eivissa

La decisión tomada este jueves por el pleno del Ayuntamiento de Palma de prohibir el alquiler en todas las viviendas plurifamiliares de la capital (ver recuadro) debía servir para allanar el camino para el acuerdo, pero también fue importante una reunión que se celebró en Eivissa, en la que participaron, entre otros, la consellera de Presidència Pilar Costa y el diputado de Podemos Salvador Aguilera.

En este encuentro se pactó que el alquiler quedará prohibido en todos los municipios de los Isla salvo en un pequeño enclave de Sant Joan de Labritja, que quedará exento. En principio, ambas decisiones, la de Palma y la de Eivissa, tenían que servir para que Podemos aceptara hoy una modificación de la ley, pero representantes de la formación morada negaron este jueves tal acuerdo y aseguraron que puede haber habido un avance en las posiciones, pero en ningún caso un pacto cerrado.

Las mismas fuentes de Podemos emplazaron a la reunión que se celebrará este viernes, a la que asistirá el vicepresident del Govern, en la que se pretende pactar un texto definitivo. La intención del Govern. además de recuperar el artículo que cayó inesperadamente en la votación de la ley, es el que el concepto «emergencia habitacional» o algo equivalente, se incorpore a la ley de vivienda que, en principio, se aprobará también en el Consell de Govern del próximo viernes.

Desde la semana pasada se sabe que la intención del Govern es aprobar un decreto ley con las modificaciones a la ley para que entre en vigor de forma inmediata. La intención' es aprobarlo el próximo viernes, 4 de agosto, para que el Parlament lo convalide en una reunión extraordinaria prevista para el 5 de septiembre.

El decreto ley tiene la ventaja de que su entrada en vigor es inmediata, en el momento en que se publica el BOIB, pero tiene el inconveniente de que después debe ser convalidado por el Parlament balear en el plazo de un mes desde su publicación ya que, de no ser así, la medida deja de tener efecto.