Pepote Ballester admite que prevaricó al adjudicar las obras del polideportivo Príncipes de España

Ballester, que el próximo día 9 abrirá las declaraciones de los acusados en el juicio del caso Nóos, ha sido juzgado este jueves junto a dos constructores que también han admitido los delitos y harán frente a sendas multas de 2.700 euros. Entre los tres deberán afrontar además una indemnización de 7.814 euros a la comunidad autónoma.

Los hechos juzgados ocurrieron en 2006, cuando Ballester se puso en contacto con un promotor y, prescindiendo deliberadamente de la apertura del preceptivo procedimiento administrativo, le encargó verbalmente un presupuesto para construir un almacén en el polideportivo situado en el Polígono Son Castelló de Palma, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía cuyo contenido han asumido los procesados.

El presupuesto, elaborado por un socio del constructor, ascendió a 80.185 euros.

Sin expediente

Con el objetivo de beneficiarles, Ballester encomendó verbalmente a ambos promotores la obra «sin expediente administrativo que amparase tal decisión, omitiendo consciente y deliberadamente las exigencias previstas en la Ley de Contratos de la Administración Pública».

La obra se inició de forma inmediata y poco después Ballester decidió reconvertir el almacén previsto en unos vestuarios, obra que de nuevo encargó a los mismos promotores, con un aumento notorio del importe de las obras hasta 160.139 euros, que costeó la Dirección General de Deportes del Govern que presidía Jaume Matas.

Los dos constructores han admitido que fueron plenamente conscientes de la inexistencia de expediente administrativo de contratación y de que el encargo exigía de un concurso público para garantizar la concurrencia al tratarse de una obra mayor.

Ballester ha asumido que omitió deliberadamente la apertura de los preceptivos expedientes administrativos, para evitar el concurso y con el conocimiento y consenso de los beneficiarios.

El fiscal Pedro Horrach describe en su escrito los hechos cometidos como «pactos verbales fruto de decisiones arbitrarias adoptadas mediante el ejercicio abusivo de poder, cuya finalidad era únicamente beneficiar a una determinada entidad, al margen de cualquier consideración relativa a la necesidad de concurrencia, igualdad y transparencia».

Para fijar las penas que les serán impuestas se ha tenido en cuenta la colaboración de Ballester y los otros dos encausados con la Administración de Justicia en la investigación de los hechos y el reconocimiento de su participación en los mismos.

Además de los seis meses de prisión sustituibles por multa del ex director general y los tres meses de reclusión también sustituibles por sanción económica para los otros dos condenados, se les han impuesto inhabilitaciones de 2 años y 8 meses en el primer caso y de 1 año y 5 meses a cada uno de los otros dos.