La UIB y las universidades del G-9 no son partidarias de realizar pruebas de acceso

Así lo ha explicado este jueves el rector de la Universidad de La Rioja (UR), José Arnáez, en una conferencia de prensa en la que ha detallado los principales puntos de trabajo de la reunión que mantienen los máximos responsables de estas universidades del G-9 en Logroño.

Arnáez preside desde este jueves el G-9, en sustitución del rector de la Universidad de Baleares, Llorenç Huget; y al encuentro asisten también los rectores de las Universidades de Cantabria, Extremadura, Oviedo y Pública de Navarra; mientras que los de Zaragoza, Castilla-La Mancha y País Vasco no han podido acudir.

En lo relativo a la admisión en estudios universitarios de Grado, Arnáez ha señalado que el G-9 trabaja en una «postura común» para que «la nota de la prueba final del Bachillerato, la llamada reválida, sea la referencia» para el acceso a la universidad, como lo es ahora la prueba de acceso a la universidad (PAU), conocida como selectividad.

Ha detallado que, según la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), desde el curso 2017-2018, las universidades pueden establecer una prueba de acceso o no y, en su opinión, el crear ese examen supone «un problema para las familias», ya que si un joven se preinscribe en cuatro universidades distintas, podría tener que afrontar otras tantas pruebas diferentes.

Por eso, el G-9 cree que la nota de Bachillerato «ya es una referencia» para las universidades y propicia un sistema de acceso «más universal», ha dicho.

El presidente del G-9 ha aclarado que estas universidades trabajan en un sistema de acceso en el que, sobre 14 puntos posibles, la nota de Bachillerato puntúe hasta diez y las asignaturas específicas relacionadas con los estudios en los que se quiera matricular el alumno cuenten hasta cuatro puntos.

Además, ha detallado, pretenden que los alumnos puedan acceder por el mismo sistema a cualquiera de los centros que componen este grupo, formado por las universidades que son las únicas públicas en sus comunidades autónomas.

Los rectores también han analizado el Real Decreto que establece la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y que permite a los centros académicos ofertar, de forma voluntaria, grados de entre 3 y 4 años y másteres de entre 1 y 2 años, conocido como «Decreto 3+2».

El G-9 se ha alineado con la postura manifestada por la Conferencia de Rectores, que ha pedido una moratoria de ese decreto para analizar el impacto del nuevo modelo sobre los estudios universitarios.

Arnáez ha explicado que esa moratoria permitiría analizar cómo ha funcionado en la universidad española el modelo de cuatro años de grado y uno de máster y si todos los estudios pueden pasar a tener, por su carga lectiva, tres años de grado y dos de máster.

Además, ha considerado que se pretende analizar si pueden convivir los dos sistemas, en función de las diferentes carreras, y si es necesario tomar medidas para que, dentro de las universidades españolas, la misma titulación se estudie en unas con dos años de máster y en otras con uno.

Otra de las cuestiones que se han analizado es la situación de personal docente en las universidades y los rectores del G-9 han coincidido en la necesidad de aumentar la tasa de reposición, que está establecida en el cincuenta por ciento de los profesores jubilados, o, incluso eliminarla.

Dado que hace dos años esa tasa de reposición era del diez por ciento, las universidades acumulan «un déficit» de incorporación de profesores y «especialmente de investigadores jóvenes», ha detallado Arnáez, y, por eso, «en el contexto económico actual, esperamos que eso pueda cambiar».

Este grupo de rectores ha analizado también cuestiones referidas a la oferta común de estudios que realizan en su llamado «campus virtual», en el que han cerrado un catálogo de apoyo a la investigación, con servicios comunes, como una base de datos a la que podrá acceder cualquier investigador de estos centros.

Por otro lado, este jueves han entregado el premio convocado por estas universidades para tesis doctorales sobre cooperación para el desarrollo, que ha recaído en Álvaro Fernández-Baldor Martínez, doctor en Economía Agroalimentaria y Medio Ambiente, con Premio Extraordinario por la Universitat de Politécnica de Valencia.

Actualmente, trabaja en ese centro como técnico superior en el Área de Cooperación al Desarrollo y ha realizado una tesis denominada «Technologies for Freedom: una aproximación a los proyectos de cooperación de corte tecnológico desde el enfoque de capacidades», que ha sido elegida por el comité evaluador por su calidad científica frente a otras nueve candidaturas.