Un asesor de Antoni Alemany rebate las tesis de la Fiscalía

Unas manifestaciones que contrastan con la tesis de la Fiscalía en el sentido de que este medio fue creado y desarrollado de forma irregular y encubierta con los fondos que el Ejecutivo balear -272.243 euros- destinó a poner en marcha la Agencia Balear de Noticias (ABN), también propiedad de Alemany, defendido por el letrado Javier Fernández.

Durante su interrogatorio en la séptima sesión de la vista oral que tiene lugar hasta finales de mes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, Diego Fuster ha precisado que Libbal se mantiene con unos ingresos anuales de unos 30.000 euros mientras que sus gastos se sitúan en unos 15.000, por lo que ha aseverado que se trata de cantidades que permiten subsistir cada año a Libertad Balear.

A preguntas del fiscal anticorrupción Juan Carrau, el contable ha explicado que se ha encargado de la contabilidad de Contultores de Información de Baleares, ABN y Libbal, todas ellas propiedad de Alemany, y ha apuntado que la única que en la actualidad mantiene su actividad es la editora de Libertad Balear.

En cuanto a Consultores de Información, el perito ha señalado que entre sus clientes se encontraba la empresa de comunicación Nimbus -a través de la cual, presuntamente, fue contratado Alemany por parte del Govern para redactar los discursos del expresidente Jaume Matas-. Sin embargo, ha precisado que a pesar de que Consultores cobraba a Nimbus 3.700 euros más IVA mensuales, sólo 2.400 euros iban a parar a manos de Alemany como profesional autónomo de la empresa.

En cualquier caso, ha apuntado que al margen de la agencia de publicidad, cuyo administrador, Miquel Romero, también se sienta en el banquillo, Consultores de Información también tenía otras empresas como clientes como sociedades de información y publicidad.

Por otro lado, el experto ha manifestado que también intervino en la presentación de documentación para optar a la subvención de 449.734 euros concedida por el Govern para la puesta en marcha y desarrollo de ABN. Al respecto, Fuster ha indicado que hubo un margen "bastante superior a los 100.000 euros" puesto que finalmente la cantidad cobrada y justificada ascendía a 272.243 euros.

No obstante, el Ministerio Público sostiene que lo que se oculta bajo la subvención "no es más que utilizar fondos públicos para un fin puramente particular, la creación y desarrollo de una actividad mercantil -Libertad Balear- que beneficie económicamente a Antonio Alemany, a la vez que le suponga a Jaume Matas contar con un medio periodístico para su ensalzamiento personal, y todo ello, sin utilizar un solo euro procedente de fondos propios de uno y otro".

Así se desprende del escrito de calificación de la Fiscalía, que solicita cinco años de cárcel para Alemany tanto por estos hechos como por haber percibido de forma presuntamente irregular remuneraciones del Govern por la redacción de las intervenciones de Matas, mientras que para éste reclama hasta ocho años y medio de cárcel.

Por su parte, una funcionaria técnica de Hacienda que ha comparecido como perito en el juicio ha apuntado que la mayoría de los clientes que poseía ABN eran administraciones públicas, mientras que la propia Libbal era el único que tenía a nivel privado a pesar de que ambas empresas disponían del mismo personal y del mismo material. Esta inspectora también ha elaborado informes sobre subvenciones en relación a los casos Maquillaje y al que indaga las aportaciones del Consell a asociaciones afines a UM.

El juicio se reanudará el próximo lunes con la práctica de la prueba documental mientras que en los siguientes días, hasta la finalización de la vista oral, se expondrán las conclusiones y los informes finales tanto de las acusaciones como de las defensas. Los días 30 y 31 de enero están reservados para posibles eventualidades.