La crisis y la corrupción incrementan la carga de trabajo de los juzgados

Durante la presentación de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del TSJIB en 2009, llevada a cabo en el Parlament, Terrasa hizo hincapié principalmente en las dificultades que atraviesan los juzgados de lo penal (con el aumento de asuntos pendientes a finales de año en un 9,9 por ciento) y el de ejecutorias (con un 36,9 por ciento más) debido al incremento de las causas por delitos, entre ellas las relacionadas con los presuntos casos de corrupción.

En este sentido, Terrasa recalcó que algunos jueces han tenido que recibir refuerzos para tramitar estas causas, ya que "son temas verdaderamente complejos y hemos tenido que pedir medidas, algunas de las cuales las hemos obtenido, como estos refuerzos".

Una situación de incremento de actividad que también se extiende a los juzgados de lo social, civil y mercantil como consecuencia de la actual crisis económica. En relación a la Audiencia Provincial, Terrasa aseveró la necesidad "urgente" de crear una nueva sección penal debido a la complejidad de los asuntos que tramita este órgano y a la situación "crítica y anómala" que atraviesan las secciones de la Audiencia.

El informe, presentado por el presidente de la máxima instancia judicial de las islas a los grupos parlamentarios, indica que durante el pasado año se registraron un total de 222.293 asuntos, que supone un aumento del 1 por ciento respecto a 2008, y de los que 73.044 quedaron pendientes de resolver.

Por el contrario, fueron resueltos 210.840 casos (un 3,2 por ciento más), mientras que por órdenes jurisdiccionales fueron los juzgados de lo civil los que más vieron incrementados los asuntos registrados (+18,4 por ciento), seguidos por los de lo contencioso-administrativo (+10,3 por ciento) y lo social (+9,3 por ciento), mientras que se redujeron en el ámbito de lo penal (-3,9 por ciento).

Las causas pendientes a final de año en cada una de estas jurisdicciones aumentaron un 25,9 por ciento en lo social, un 11,7 por ciento en lo contencioso-administrativo, un 5,2 por ciento en lo civil y un disminuyeron un 26,3 por ciento en lo penal.

Incremento de la tasa de litigiosidad

Terrassa destacó, asimismo, que la tasa de litigiosidad ha aumentado hasta los 205 asuntos por cada 1.000 habitantes, lo que sitúa a las islas por encima de la media estatal (196 casos). Mientras tanto, el archipiélago se encuentra en cuarta posición en número de jueces proporcionalmente a la población -con 11,1 por cada 100.000 habitantes, por encima de los 9,8 de media nacional-.

En relación con el juzgado penal número 8 de Palma, encargado de las ejecutorias, presenta la situación "más preocupante" de todo el territorio, según Terrassa, debido a sus dificultades estructurales.

En lo que se refiere al ámbito de Palma, los 23 juzgados de Primera Instancia registraron un aumento del 29,1 por ciento de casos tramitados el año pasado, principalmente relacionados con las ejecuciones hipotecarias, las medidas cautelares, y la suspensión de pagos, mientras que en relación a los 12 de instrucción, presentan una situación deficitaria por la acumulación de causas pendientes.

Ya en el turno de intervención de los grupos parlamentarios, el portavoz socialista, Antoni Diéguez, destacó que "a nivel general la justicia funciona de forma satisfactoria en cuanto a medios humanos y productividad", aunque lamentó la "situación problemática" registrada por los juzgados de los contencioso-administrativo "año tras año". Por su parte, el portavoz del Bloc, Biel Barceló, aseveró que "hay más asuntos que ingresan en los juzgados aunque hay que destacar que se van resolviendo".