El ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, contempla agotar el plazo que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha fijado hasta la medianoche del próximo miércoles, día 7, para que pueda depositar la fianza de tres millones de euros que le permita eludir su ingreso en prisión provisional, según señaló ayer en declaraciones a Europa Press su letrado, Rafael Perera.
Tal y como manifestó el abogado, el ex ministro de Medio Ambiente se encuentra "volcado" intentando reunir la cantidad impuesta por el magistrado que instruye el caso Palma Arena, para lo cual está llevando a cabo numerosas gestiones bancarias. De este modo, Perera manifestó que su patrocinado dedicará los próximos días, previsiblemente hasta la jornada en que expire el plazo, para aunar los tres millones de euros.
El juez decretó esta cantidad en un duro y extenso auto, en el que acuerda 72 días hábiles -con la Semana Santa de por medio- para poder constituir la caución. Además, Castro acordó la retirada del pasaporte de Matas -que ya había entregado el pasado viernes por orden del juez para evitar su fuga-, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
En el auto, el magistrado alude a la existencia de un "margen de gravedad más que sobrado" como para que Matas pueda sustraerse de la acción de la justicia, "máxime" cuando reside en Estados Unidos y "se sospecha" que en este país o en otro vecino pueda guardar "el grueso de los beneficios ilícitamente obtenidos" a raíz de su presunta implicación en los hechos investigados en el marco del caso Palma Arena.
Asimismo, Castro basa su petición de prisión así como la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional, en la intención de "evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas".
En su opinión, existe un peligro "más que fundado y concreto al respecto como lo evidencia el hecho de que el encausado no se recata en mediatizar a testigos, imponer el silencio a quienes fueron sus subordinados, preconstituir pruebas falsas e incluso acude, aunque sea infructuosamente, a una de las más altas instituciones del Estado buscando un cobijo al que no tiene derecho".
En concreto, sobre el ex ministro pesan un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial, uno de prevaricación administrativa, uno de fraude a la administración, siete de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último electoral, castigados con hasta 64 años de prisión.
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