Por otro lado, el Grupo Socialista ha presentado otra enmienda por la que establece que en caso de que se quiera revertir el cambio de sexo en el registro, se tendrá que obtener aprobación judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. Actualmente, el proyecto de Ley contempla que esta reversibilidad se pueda solicitar a partir de los seis meses a través del mismo procedimiento regulado para el cambio registral, que no requiere autorización judicial en mayores de 14 años. Además, el Grupo Socialista propone en otra de las enmiendas que se contemple el «sexilio», entendido como el abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia, «como causa de despoblación dentro de las medidas sobre políticas de despoblación del Gobierno de España», ya que, según precisan, este problema se da especialmente en las zonas rurales.
Asimismo, plantea reforzar la formación de los profesionales que trabajan en centros para personas mayores sobre la realidad de las personas LGTBI de edad avanzada. En el ámbito del empleo, los socialistas sugieren que, en un plazo de 12 meses, las empresas de más de 50 trabajadores hayan pactado un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra el colectivo. Respecto a las administraciones públicas, plantean asegurar que, dentro de los mecanismos de empleabilidad y planes de inserción de personas en riesgo de exclusión social, «se favorezcan medidas de acción positiva para la contratación y el empleo estable de personas trans, con especial atención a las mujeres trans». También proponen introducir un nuevo artículo para que los poderes públicos adopten las medidas necesarias para la prevención del sinhogarismo entre personas LGTBI y de los delitos e incidentes de odio que sufren.
Igualmente, plantean en otra de las enmiendas que las mujeres trans en situación de prostitución tengan derecho a los recursos sociolaborales establecidos en la Ley de garantía integral de la libertad sexual, y que, «medie o no situación de explotación sexual, puedan acceder a los recursos sociolaborales y de atención psicológica que se establezcan en los planes y medidas para víctimas de violencia sexual o víctimas de trata y explotación sexual». Por otro lado, los socialistas sugieren modificar el artículo referido a las medidas de protección frente a la violencia en el ámbito familiar para precisar que las personas LGTBI que sufran esta violencia y cuenten con una sentencia condenatoria por un delito de violencia doméstica, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar, podrán «solicitar la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y el cambio de centro de trabajo a sus empleadores».
Atendiendo a los menores, el Grupo Parlamentario Socialista quiere que se garantice que en la valoración de la idoneidad en los procesos de adopción y acogimiento familiar, «no exista discriminación por motivo las causas establecidas en esta ley» y añade que «en los centros de menores se trabajará la diversidad familiar con el fin de garantizar que los y las menores que sean susceptibles de ser adoptados o acogidos sean conocedores de la diversidad familiar por razón de la diversidad sexual e identidad de género».
Sobre los jóvenes, el PSOE sugiere añadir al texto que en los cursos dirigidos a personas mediadoras, monitoras y formadoras juveniles se incluya formación sobre orientación sexual, identidad sexual o expresión de género; y, en el ámbito del turismo, propone un nuevo artículo para que se adopten las medidas necesarias para fomentar y apoyar el turismo orientado al público LGTBI y a sus familiares. Atendiendo al ámbito escolar, los socialistas añaden al texto de la ley que los programas de información dirigidos al alumnado, a sus familias y al personal de centros educativos con el objetivo de divulgar las distintas realidades sexo-afectivas deberán realizarse no solo en colaboración con las organizaciones representativas de los intereses de las personas LGTBI, sino también «con las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS)». También plantea incluir una nueva disposición adicional en la que se contemplaría la creación, en el plazo de 6 meses desde la aprobación de esta ley, de una Comisión interministerial de seguimiento de la aplicación de la norma, con los departamentos de Igualdad, Justicia, Interior y Sanidad.
1 comentario
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Esta dictadora no sirve para nada se gasta el dinero de los españoles en caprichos innecesarios siendo que hay cosas muchas más importantes para areglar y trabajar que si uno es gay o trans o lo k sea Pero a esta gente trabajar no le gusta solo gastar gastar gastar en nada