«Qué hacemos para que la edad de inicio de acceso a la prostitución violenta no sean los ocho años; qué hacemos para que entiendan que las relaciones tienen que estar basadas en el consentimiento, que tratar bien está bien y tratar mal está mal; qué hacemos para que los niños no se conviertan de mayores en agresores basándose en una cultura de la violación que solamente va a ser revertida con políticas públicas en contra de las violencias machistas que ustedes niegan y, por supuesto, con educación sexual desde las edades más tempranas», ha añadido.
Estas declaraciones de Montero se han producido durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja, después de que la portavoz parlamentaria adjunta de Vox, Inés Cañizares, reiterara a la ministra las peticiones de dimisión y cese que ha realizado Vox, así como la denuncia que ha interpuesto contra Montero «por incitar a un delito de corrupción de menores». Cañizares cree que las palabras de Montero en el Congreso la semana pasada «no son susceptibles de interpretación» y considera que lo que dijo la ministra «de manera literal e inequívoca, incitaba a la corrupción de menores» e indicaba «un camino para normalizar la práctica sexual de adultos con niños». «Una apología en toda regla de la pedofilia», ha declarado.
«Escuchamos las palabras de una ministra que ha perdido el norte y los papeles y que convierte sus problemas personales en cuestiones de Estado y legisla a golpe de trauma», ha añadido en su intervención. A su juicio, el Ministerio que dirige Montero es «el mayor atentado contra la igualdad de los españoles» y considera que los 525 millones de presupuesto que se le han asignado son «carentes de utilidad salvo para sus amiguitas, amiguitos y amiguetes». Además, ha señalado que los menores «carecen de madurez suficiente para tomar decisiones» y que, por eso, sus padres y los poderes públicos de modo subsidiario son «los responsables de velar por su protección y no por su corrupción».
Tras esta intervención, la ministra ha confesado sentirse «avergonzada» por la «campaña de violencia política» y «en contra de la educación sexual de niños y adolescentes del país». Montero ha apuntado que, para el Ejecutivo, la educación sexual es «un derecho» de los menores que se va a garantizar en la Ley de Salud sexual y reproductiva y ha asegurado que «son más» quienes quieren esa educación sexual para sus hijos, que quienes «blanquean, niegan o cuestionan las políticas públicas» contra las violencias machistas, o que quienes «votan en contra» de la Ley de protección a la infancia, la Ley 'solo sí es sí', o contra «la investigación de los abusos sexuales a menores en la Iglesia para que permanezcan en la impunidad».
Finalmente, la responsable de Igualdad se ha dirigido a la Cámara para preguntar «hasta cuándo se va a tolerar esta campaña de violencia política contra cualquiera» de las diputadas y al hecho de que usen el Congreso «como altavoz de su machismo». «Les pido que les paremos los pies y que aprobemos la Ley del aborto. A estos fascistas se les para con derechos», ha concluido.
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Perseguir a los depredadores aún qué las víctimas sean niños TUTELADOS?
Los tuyos seguro acaban de chaperos