Torrent anuncia medidas legales contra el Gobierno por espionaje: «Llegaremos hasta el final»

«Llegaremos hasta el final para se aclare todo. Llegaremos hasta el final para que se aclare la verdad. Llegaremos hasta el final para que se aclare este caso», ha expresado en una declaración institucional tras conocerse esta información adelantada por El País y The Guardian, y confirmada por Europa Press.

Para el presidente de la Cámara catalana este caso demuestra que en el Estado español «se practica el espionaje contra los adversarios políticos» algo que, según su criterio, es impropio de una democracia, por lo que ha llamado al conjunto de los demócratas a preocuparse por ello y al Gobierno a depurar responsabilidades.

Torrent ha recordado que desde la institución han reiterado que en España se persigue la disidencia política y ha subrayado que su antecesora, Carme Forcadell, --como otros políticos independentistas -- está en la cárcel «por permitir a los catalanes decidir su futuro».

Por eso, en alocución al Ejecutivo central ha preguntado: «¿Qué opinión tiene sobre este caso de espionaje político? ¿Qué opina de que un presidente de un parlamento sea espiado?».

Para Torrent si el Gobierno central tenía conocimiento de estos hechos, sería cómplice; de lo contrario, demostraría un síntoma «muy preocupante de negligencia política y desconocimiento de presuntas prácticas ilegales».

Ha explicado que el software aprovechó una vulneración de Whatsapp para acceder a 1.400 móviles entre abril y mayo de 2019, en un centenar de los cuales se hicieron investigaciones «abusivas y por motivaciones políticas» a líderes sociales, abogados, activistas, periodistas o políticos, como la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, y el miembro de la ANC Jordi Domingo.

Ha alertado de que el hecho de que se hayan escuchado y registrado conversaciones con otros líderes políticos, sindicales económicos, compañeros de partido o representantes internacionales, «pone en riesgo» sus derechos fundamentales.

Torrent ha criticado que con este caso se ha vulnerado su privacidad, su derecho al secreto de las comunicaciones y su derecho a desarrollar un proyecto político «sin intromisiones ilegítimas": el software permitía escuchar conversaciones de móvil o presenciales siempre que el teléfono estuviera cerca y permitía tener acceso a las imágenes y servicios de mensajería.

«Sabíamos de la existencia de prácticas ilegales llevadas a cabo contra el independentismo, pero hoy disponemos de pruebas fehacientes que lo demuestran», ha añadido.

En ese sentido, se ha mostrado disconforme con que el Gobierno central se reivindique como «el más progresista de la historia» y le ha advertido de que no se puede permitir que prácticas de este tipo queden impunes.

Ha instado a poner fin a «la guerra sucia contra el independentismo», además de no criminalizar un movimiento que ha calificado de pacífico y democrático.