En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dejado claro que «la maternidad no puede ser un arma en contra del desarrollo laboral y ciudadano de las mujeres, sino una opción libre de la mujer», por lo que «tenemos que hacernos corresponsables todos».
De esta forma, el permiso de paternidad pasará a ser de 8 semanas desde la entrada en vigor (al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado) y aumentará a 12 semanas a partir del 1 de enero de 2020 y a 16 semanas desde el primer día de 2021, alcanzando en tres años la media que tienen los países de la UE.
La vicepresidenta ha insistido en que la maternidad representa «la continuación en términos de capital humano de un país como el nuestro», por lo que las mujeres «no pueden seguir pechando de manera exclusiva con todos los elementos circunstanciales que trae la llegada de la responsabilidad de los menores».
Preguntada por la disconformidad de la patronal con la equiparación de los permisos, Calvo se ha limitado a decir que la norma se ha tratado en el marco del diálogo social con patronal y sindicatos, y que ahora «lo importante» es que el decreto ley sea convalidado por los grupos parlamentarios.
El decreto ley contempla también la recuperación de las cotizaciones sociales para los cuidadores de personas dependientes, principalmente mujeres, que correrán a cargo del Estado aunque serán abonadas por la Seguridad Social, alcanzando junto a la ampliación del permiso de paternidad un coste de unos 610 millones.
«Queremos devolverles la posibilidad de la cotización», ha reivindicado Calvo, quien ha reseñado la necesidad de protección que tiene este colectivo y de agradecimiento por la ética y solidaridad, y para «dejar de castigarlo».
Ha cifrado que la brecha de género en las pensiones que se da, entre otros, por este motivo, alcanza el 40 %, con una media de 370 euros menos de pensión en el caso de las mujeres respecto a los hombres.
Además, una vez entre el vigor el decreto, las empresas medianas y grandes (con más de 50 empleados) estarán obligadas a publicar tablas salariales, que estarán accesibles para todos los trabajadores vía sindical o personal, así como a inscribirlas en un registro público.
«Vamos a cumplir en términos jurídicos con la premisa de que a igual trabajo, igual salario», ha indicado Calvo, quien ha recordado que «la brecha salarial -entre hombres y mujeres- ronda el 23 % en algunas áreas».
Las medianas y grandes empresas también estarán obligadas a elaborar planes de igualdad y a registrarlos públicamente, con el objetivo de que las mujeres «tengan una influencia importante y sean su propia voz» en el mundo laboral.
No obstante, la norma se aplicará la obligatoriedad de los planes de igualdad de forma gradual dando un plazo de tres años a las empresas pequeñas y de un año a las grandes, lo que Calvo ha considerado un «periodo razonable de tiempo y adaptación del derecho igualitario de trabajo en España».
La titular de Igualdad ha considerado estas cuatro medidas son «necesarias y urgentes» y que ya estaban contempladas en el proyecto de ley socialista en materia de igualdad no pudo sacarse adelante por «el bloqueo y paralización» experimentado los últimos meses en el Congreso de los Diputados.
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