Madrigal respalda que los 'papeles de Panamá' puedan dar lugar a causas por corrupción

Madrigal ha realizado estas manifestaciones durante su discurso de clausura de un curso sobre macroprocesos y corrupción dirigido a jueces y organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras el cual, y a preguntas de los periodistas, ha reconocido que las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre estas informaciones son aún «muy embrionarias» y «de carácter muy preliminar», aunque se seguirá trabajando sobre ellas.

«La Fiscalía está avanzando en muchos aspectos, partimos de esas informaciones pero no tenemos todavía nada concluyente», ha afirmado Madrigal. Ha añadido que algunas de las informaciones que resulten de los medios de comunicación corresponderán a procedimientos «ya en curso» y allí se remitirán los datos que se extraigan.

También se verá con el tiempo, en palabras de la fiscal general, «si hay nuevos procedimientos que iniciar o material sobre personas imputadas en procedimientos ya en curso o informaciones que carecen de relevancia penal, todo es aún muy embrionario».

Preguntada si considera una injerencia que ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, haya dicho que autoriza a la Fiscalía para investigarle en relación con las información obrante en los 'papeles de Panamá', Madrigal ha señalado que no existe ningún procedimiento de autorización en dicho sentido pero que ella entiende que lo que Soria ha querido decir es que «no tiene incoveniente en que se le investigue».

Durante su intervención, la fiscal se ha referido a las informaciones periodísticas como fuente de investigación y, aunque reconoce que en muchas ocasiones los fiscales se encuentran con el obstáculo «infranqueable del secreto profesional» y la no revelación de fuentes por parte de los informadores, lo cierto es que su trabajo puede ser tenido como «denuncia anónima».

De hecho, se ha referido a las noticias aparecidas estos días sobre los denominados 'papeles de Panamá', de los que ha dicho que han dado lugar diligencias de investigación la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por lo que el periodismo debe ser tenido también en cuenta como canal de denuncia.

Pagar a delatores

Durante su discurso ante los jueces que acudían a este curso, la fiscal general ha apuntado la necesidad de que la ley amplíe los incentivos para incluir en las investigaciones la información que puedan aportar aquellas personas que conozcan de prácticas irregulares, llegando incluso, como se hace en otros países, a compensarles con prestaciones económicas.

En este sentido, ha manifestado que cree que nuestro país a no deber?a demorar más una adecuada de protección del denunciante, aproximándonos a otros países como Gran Breta?ña o EE.UU., donde el Department of Justice (DOJ) incluso paga una cantidad al ciudadano que facilita información relevante, como también hace la Internal Revenue Service (IRS) quien identifica a un defraudador de impuestos, manteniéndose en todo caso su anonimato.

Ha reconocido que este tipo de actuaciones requeriría «un cambio de cultura» pero que se trata de un asunto que debería dar lugar a reflexión por si fuera necesario un cambio normativo al respecto.

Dentro de los cauces de detección de la corrupción, Madrigal se ha referido a la colaboración de las personas que han participado en el delito de corrupción que se investiga de forma ocasional, a veces con un papel secundario y considera «positivo» que se regulara respecto a todos estos delitos «alguna forma de colaboración activa de manera que la aportación de unas pruebas relevantes permitiera la exención o al menos la rebaja de la pena».

«Las reticencias frente al principio de oportunidad en materia tan sensible como es la corrupción política pueden desvanecerse acudiendo a mecanismos alternativos al enjuiciamiento que incluyan la reparación del daño y recuperación de fondos», ha señalado respecto de todas estas propuestas, entre las que incluye mejorar la protección de los denunciantes anónimos.

Paraisos fiscales

Sobre la cooperación internacional, Madrigal ha manifestado que los llamados «papeles de Panamá» -obtenidos del despacho Mossack Fonseca- ilustran la magnitud que pudiera alcanzar el problema.

«Bien es cierto que la presión de países y organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han vencido parte de las reticencias de estos territorios a cooperar o a facilitar informació?n pero también lo es que esta respuesta sigue siendo lenta, incompleta y plagada de obstáculos», ha dicho.

Al menos tanta atención como a la cooperación internacional debe dedicarse a la cooperación interna entre instituciones y organismos españoles que disponen de una información muy valiosa, «pero que se encuentra fragmentada y requiere ser compartida para descubrir, primero, y perseguir, después, estas conductas delictivas», ha apuntado la fiscal general.

Finalmente, Madrigal se ha referido también a la labor «preventiva» contra la corrupción y en este punto ha apuntado que este fenómeno inunda «cada vez más las esferas privadas» debido a prácticas como la concesión de servicios públicos, y que frente a ello es esencial que los jueces y fiscales cuenten con «equipos técnicos especializados en el análisis económico-financiero».

Ha reconocido que en materia preventiva hay que decir que todavía existe un «déficit de control de la Administración Pública» en especial en el ámbito local y ha apuntado como una de las regulaciones a cambiar, por constituir un importante «factor de fraude» la que permite el fraccionamiento de los contratos públicos.

El curso, que comenzó el pasado lunes, ha sido dirigido por el que fuera juez de la Audiencia Nacional e instructor del «caso Gürtel» Pablo Ruz, quien se ha descrito como un «profundo admirador» del trabajo de la Fiscalía en la lucha contra la corrupción.

También ha intervenido en la ceremonia de clausura el vocal del CGPJ Alvaro Cuesta, quien ha destacado la política activa de este órgano para incrementar la formación de los jueces con el objetivo de reforzar su independencia y potenciar la lucha contra la corrupción con especial atención a las relaciones internacionales.