El fiscal anticorrupción Pedro Horrach atribuye a Iñaki Urdangarin y a su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, "una actividad delictiva premeditada" dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Balears y la Comunidad Valenciana.
Horrach sostiene que el duque de Palma y Torres deben resarcir a las arcas públicas por "la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos", lo cual asciende a los 8.189.448 millones de euros que pide para ellos como fianza civil.
Así lo planteó ayer el fiscal al juez de Palma que instruye el caso Nóos, José Castro, en un escrito de 234 páginas en el que justifica la petición de fianza en la necesidad de "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que puedan derivarse de los presuntos delitos investigados.
El representante del ministerio público, según indicó la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, solicita también a Castro que ordene "el embargo de los bienes de estos imputados hasta alcanzar" los citados 8,18 millones de euros. Horrach argumenta que el Instituto Nóos fue creado como asociación sin ánimo de lucro con el propósito de "dar cobertura" al acceso a fondos públicos eludiendo los controles que serían aplicables a entidades mercantiles.
Sostiene que el fin de Nóos era lograr convenios de colaboración con entidades públicas al amparo de su condición de organización no lucrativa, "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba" y "evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos".
En cuanto a los gestores públicos de la Comunidad Valenciana y Balears que contrataron con Urdangarin y Torres para la organización de los eventos Illes Balears Forum y Valencia Summit, el fiscal afirma que adoptaron "decisiones administrativas arbitrarias e injustas" para beneficiar al yerno del rey y a su exsocio. Incide en que esos políticos "pactaron de forma verbal con los representantes del Instituto Nóos la celebración de los congresos denominados Valencia Summit e Illes Balears Forum al margen de cualquier expediente administrativo", como demuestra el hecho de que se comenzarán a desarrollar los proyectos antes de que se firmaran los convenios.
Esto constituye una "vulneración reiterada y flagrante de las exigencias legales previstas en la Ley de Contratos de la Administración Pública", subraya Horrach, que detalla en su informe todas las facturas correspondientes a los eventos investigados.
A partir del análisis de los costes de esos proyectos, el fiscal plantea como alternativa a la fianza de 8,18 millones una menor, de 5,9 millones de euros, correspondiente a los fondos públicos de los que efectivamente se apropiaron Urdangarin y Torres una vez deducidos los gastos de los eventos realizados.
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