Menorca. El Aeropuerto registró pérdidas en 2009 a diferencia de los buenos resultados obtenidos en los aeródromos de Eivissa y Palma

TW
0

El nuevo modelo aeroportuario sigue otorgando al Estado el control mayoritario, aunque abre la puerta a la entrada de capital privado en un 30 por ciento como máximo, de las comunidades autónomas, ayuntamientos y cámaras de comercio en aquellos aeródromos de alto volumen de tráfico y especial complejidad en la gestión, según explicó ayer el ministro de Fomento, José Blanco, en el Congreso de los Diputados.

La nueva Ley que comienza ahora su tramitación contempla la creación de una nueva sociedad pública, AENA Aeropuertos S. A, que dirigirá los 48 aeropuertos estatales. Las comunidades participarán en esta nueva sociedad mercantil a través de filiales en cuyos consejos de administración AENA seguirá conservando la mayoría, no obstante según precisó Blanco, la voluntad del Gobierno es que esta participación "sea realmente efectiva" por lo que se exigirán mayorías cualificadas para la aprobación de acuerdos estratégicos como la promoción de rutas, franjas horarias, la aprobación inicial del Plan Director, las propuestas de presupuestos de explotación, las estrategias de captación de nuevos clientes, las normas de contratación y las propuestas de tasas.

El ministro de Fomento anunció además que cada comunidad autónoma contará con un "comité aeroportuario" para coordinar políticas urbanísticas y de ordenación territorial, así como un comité de desarrollo de rutas aéreas que tienen que ver con la capacidad turística, las oportunidades económicas y otras infraestructuras del transporte. Ambos comités estarán controlados a partes iguales entre el Gobierno y la autonomía. Incluso los aeropuertos de interés autonómico podrán gestionar vuelos internacionales.

Blanco advirtió que sólo nueve aeropuertos de AENA obtuvieron beneficios en 2009, entre ellos los aeródromos de Mallorca y de Eivissa y que las pérdidas del conjunto alcanzaron los 423 millones de euros, cifra que este año se disparará según el ministro hasta los 597 millones. Por este motivo, dijo, se hace imprescindible un nuevo modelo, una nueva Ley que ataje el déficit, disminuya los costes de navegación aérea y reduzca costes laborales suprimiendo, por ejemplo, controladores.