Entre los titulares de prensa «El límite al descuento de residente a grupos puede encarecer los billetes más de un 80 por ciento» y «La Fiscalía reclama 39 millones de euros por el fraude de vuelos a las islas» late un doble problema: cómo evitar que los residentes en las regiones insulares deban pagar los sobrecostes del transporte aéreo y cómo garantizar una conectividad en igualdad de condiciones a quienes residen en el continente. Porque somos europeos, y es la Unión Europea quien debería aportar los instrumentos a los Estados miembros para evitar discriminaciones.
Cuando el Ministerio de Fomento, tras detectar graves irregularidades en la aplicación del descuento de residente y en la emisión de billetes por aerolíneas que hallaron la fórmula de la picaresca española, anuncia que quiere introducir controles en los vuelos de grupos y empresas, se produce un aluvión de protestas en Balears. Sorprendentemente, la intención de Fomento no ha generado una reacción similar en Canarias.
Coincide este debate con la aprobación, por unanimidad en el Parlament, tal como era previsible, de la iniciativa para modificar la Ley del Régimen Especial de Balears y sustituir el 50 por ciento del descuento de residente por una tarifa plana y universal en todos los vuelos interinsulares. La propuesta será defendida ahora ante el Congreso de los Diputados por Nel Martí, Antoni Camps y Damià Borràs. Vendrá después la batalla ante Bruselas, porque es la Unión Europea quien debe autorizar la tarifa plana. Pero las Balears, a diferencia del archipiélago atlántico, no somos región ultraperiférica. Canarias vuelve a desmarcarse y propugna el incremento del descuento de residente, del 50 al 75 por ciento.
El 2017 resolverá los interrogantes que pesan hoy sobre la tarifa plana para Balears.
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