La vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Joana Ortega, planteó ayer, por primera vez, la posibilidad de que se aplace la consulta prevista para el 9 de noviembre en el caso de que el Estado vete su convocatoria. Este anuncio provocó la inmediata reacción en contra de Esquerra Republicana de Catalunya, el principal socio de Convergència i Unió. El diputado de ERC Joan Tardà calificó de «suicidio» esta opción.
La tesis de Ortega, militante de Unió Democràtica de Catalunya, el partido liderado por Duran i Lleida, se basa en que el proceso que propugna la independencia de Catalunya siempre ha respetado la legalidad. La vicepresidenta, cuyas palabras pueden ser un globo sonda del gobierno que preside Artur Mas, ha advertido que su planteamiento se refiere a un posible aplazamiento, pero en ningún caso a una renuncia a la celebración de la consulta.
Retrasar la cita fijada para el 9 de noviembre daría tiempo a establecer un nuevo marco legal, incluida una reforma de la Constitución reclamada por numerosas formaciones, que posibilitaría el encaje de las aspiraciones de autogobierno de Catalunya en España. Es el momento de diálogo y el acuerdo.
