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Todas las administraciones públicas preparan sus respectivos presupuestos para 2011. Es inevitable que se ajusten a las restricciones que impone la crisis, sin embargo habrá que ver la forma en que lo hacen, es decir de qué capítulos y de qué partidas se reducen los gastos. De la precaria situación actual se han visto algunos ejemplos en los últimos días. Desde la expresión de Marc Pons relativa al "drama" de los presupuestos del Consell a la operación de salvamento por parte del Govern de las cuentas del IB-Salut y de la Conselleria de Turismo, que arrastra un déficit de 47 millones de euros. Otro dato que se refiere a la administración autonómica es la emisión de deuda pública, que en los dos últimos años alcanza los 1.100 millones, la mayor de toda su historia. Si las administraciones persisten en recortar gastos de servicios básicos, de inversiones necesarias, de subvenciones a entidades sociales y culturales conseguirán cargar los efectos de la crisis sobre las espaldas de los sufridos ciudadanos. Los presupuestos exigen austeridad en la estructura y en el gasto corriente, en la gestión de las prioridades inversoras, aplicando reformas en el seno de las administraciones, porque no sólo recortando a los funcionarios, a los trabajadores y a los jubilados se prepara un futuro mejor.