Una conocida firma de supermercados ha obtenido esta semana licencia municipal para abrir un establecimiento en Maó. La petición se produjo en 2004 y la resolución ha llegado al cabo de seis años después de superar una carrera de obstáculos en distintos niveles de la administración y recurrir a los tribunales para lograr lo que en buena ley le correspondía y en mala aplicación se le negó. El expediente se ha convertido así en todo un ejemplo de las dificultades y de la criticada inseguridad jurídica a las que se enfrentan los promotores e inversores que optan por Menorca. La cadena comercial ha salvado su objetivo in extremis, antes de que una nueva norma, la moratoria comercial del Consell, con plena legitimidad para regular esta actividad, lo estrangule de nuevo.
El proceso revela así las dos premisas que se esperan de una Administración competente: claridad en la norma y eficiencia en su aplicación con el fin de evitar episodios como el expuesto o proyectos frustrados por la demora institucional en la respuesta y tramitación administrativa. La escrupulosidad en el cumplimiento de requisitos constituye una garantía irrenunciable que, sin embargo, no está reñida con la agilidad.
Editorial
Licencias en los tribunales
20/06/10 0:00
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