El impacto de las medidas -primero moratoria y después restricciones- destinadas a frenar el alquiler turístico empieza a aflorar sus consecuencias. Y no siempre son positivas. El pequeño comercio registra un descenso en las ventas por la eliminación o reducción de esta oferta de alojamiento turístico. Una modalidad que resulta determinante para la revitalización de los centros urbanos y que constituye una vía de acceso para que muchas familias obtengan ingresos complementarios.
El alquiler turístico, que requiere una regulación más específica que la simple Ley de Arrendamientos Urbanos, es el motor de una importante actividad económica que corre el peligro de ser detenida en seco por las prohibiciones, siendo Menorca la Isla donde más limitaciones se pretenden aplicar. Obras de rehabilitación, apertura de bares y restaurantes, empresas de servicios y otros negocios dependen del alquiler turístico. Su futuro no es nada halagüeño. Pretender que las medidas contra el alquiler turístico bajen los precios en el mercado inmobiliario supone una entelequia a corto plazo. Combatir la gentrificación exige menos prohibiciones y mayor compromiso de las administraciones.
