La peculiar fórmula que se aplica en España para facturar el consumo eléctrico, en especial desde que se liberalizó el mercado, permite que en plena ola de frío el precio alcance máximos históricos. El Ministerio de Energía atribuye las causas a la escasez de agua, el alza del petróleo y el parón nuclear de Francia. A ello hay que añadir el fuerte incremento de la demanda.
Todo ello acaba repercutiendo en el recibo que llega a los usuarios españoles, que pagan uno de los precios más altos de la electricidad en Europa. Llama la atención que el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estudien si las empresas eléctricas se están aprovechando de la situación para forzar al alza las subastas, lo que revela la desconfianza en el sistema.
La fórmula actual -que impacta con dureza sobre los consumidores- carece de los controles que garanticen su ecuanimidad. Este mercantilismo, que afecta a miles de familias, debe ser revisado a fondo.
No es cuestión de reclamar un intervencionismo decimonónico, sino hacabar con el actual oscurantismo. La impresión es de prepotencia de unas empresas que generan en exclusiva un recurso indispensable.
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