El Govern presentó ayer su proyecto de Ley de Vivienda con la que pretende introducir importantes cambios en el mercado inmobiliario de Balears, como la obligatoriedad de que los bancos y promotores cedan los pisos vacíos para destinarlos al alquiler social. Con esta iniciativa, el Ejecutivo quiere resolver el problema de la escasez de casas a precios asequibles, una oferta que ha quedado distorsionada por el impacto de la vivienda turística vacacional.
Este intento del Govern genera serias dudas sobre su constitucionalidad al situar a bancos y promotores en la diana gubernamental de la exigencia de cesión patrimonial obligatoria y dejar al margen a los particulares. Las sanciones previstas en este proyecto de ley que ahora se somete a información pública tienen una clara intención disuasoria de las expectativas especulativas. También afecta al futuro de las viviendas de protección oficial, que sólo podrán ser vendidas al Govern por un precio tasado -no aclara si podrán transmitirse por herencia-, una severa restricción que afectará a miles de ciudadanos. El Govern presenta un proyecto con numerosas aristas, jurídicas y sociales, que abre numerosos interrogantes.
