Editorial28/08/16 0:00
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Las administraciones han invertido más de 35 millones de euros en nuevas infraestructuras y equipamientos públicos en Menorca que aún no han entrado en servicio. La mayoría de estas obras públicas están relacionadas con la gestión de los recursos hídricos de la Isla y el tratamiento de las aguas residuales: desaladora de Ciutadella, la nueva depuradora de Ferreries, la depuradora de Binidalí, la potabilizadora de Es Castell, el alcantarillado de Llucmaçanes que no está conectado a la red general de saneamiento, y la red de alcantarillado de Addaia, a la espera de una depuradora.

A la relación de inversiones públicas ejecutadas, pero que aún aguardan su puesta en marcha debemos añadir la reforma del Teatre des Born, clausurado desde febrero de 2006; y la rehabilitación de Can Saura, dos instalaciones culturales en las que se han gastado 9 millones de euros y que continúan cerradas. Todos estos casos evidencian mala gestión, grave descoordinación entre las administraciones y la falta de controles de políticos y funcionarios.

Los menorquines tenemos derecho a exigir más rigor y control, así como una gestión más eficaz de los recursos públicos y evitar fallos clamorosos.