La que debía ser la sanción más alta impuesta por el Consell de Menorca por la destrucción de unos restos arqueológicos catalogados puede acabar en agua de borrajas. Ya han transcurrido más de tres años desde que la Conselleria de Patrimonio de la institución insular decidió incoar un expediente disciplinario por las obras llevadas a cabo en la finca rústica So na Parets Vives de Ciutadella.
La multa inicial, que sanciona al promotor de las obras, la propiedad del lloc y el arquitecto, acendía a 405.432 euros, pero quedó reducida a 350.685 euros. En junio del 2014 el pleno del Consell ratificó las cantidades a pagar, pero los informes externos para invalidar la actuación de los funcionarios del Servei Insular d'Arqueologia han abierto dudas y cuestionan la legalidad del procedimiento. El último informe fue presentado en junio del 2015, después de las elecciones que motivaron el cambio de gobierno. El actual equipo encabezado por Maite Salord mantiene hermetismo sobre este caso, aún cuando ha manifestado la voluntad de sancionar a los responsables de esta infracción contra el patrimonio arqueológico de Menorca. Es preciso aclarar y resolver todas las dudas suscitadas.
