Desde 2009, con Francesc Antich en la presidencia, el Govern balear ha ido aprobando sucesivas moratorias –ratificadas en 2011 y 2013, la última con la oposición del PSOE y Més- para soslayar las directivas de la Unión Europea que exigen sistemas de saneamiento a las edificaciones en suelo calificado como urbano. En Menorca, un total de 4.896 viviendas aún no se han conectado a las redes de alcantarillado, por lo que, además de incumplir las normativas comunitarias, siguen vertiendo las aguas fecales en fosas sépticas.
El 23 de junio vence la vigencia de la actual moratoria. El Ejecutivo presidido por Francina Armengol debe optar por aprobar una cuarta moratoria o bien aplicar la Ley 4/2008 de Medidas Urgentes para el Desarrollo Territorial Sostenible. Una norma balear que determina la existencia de servicio de saneamiento para conceder licencias a nuevas construcciones en suelo urbano.
El contundente rechazo de Més –que invoca razones de legalidad, salubriedad y ambientales- a apoyar la enmienda del PP para una cuarta moratoria, aceptada por el PSOE e inicialmente por el conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, hasta que fue desautorizado, ha abierto una profunda división en el Govern. La decisión sobre esta cuestión, que no se puede aplazar, pondrá de manifiesto la cohesión del Ejecutivo del Pacte o la existencia de discrepancias en torno a lo que se exigía antes, desde la oposición.
