El Govern Armengol debe dar respuesta a la exigencia del PP para que sean detallados todos los gastos de altos cargos superiores a los 500 euros en dietas o tareas de representación. De la misma manera, deben publicarse en la web del Ejecutivo autonómico los gastos inferiores a esta cantidad. Así lo prevé la Llei del Bon Govern, aprobada dos legislaturas atrás cuando Francesc Antich era el presidente de la Comunitat.
Dada las turbulencias por las que atraviesa la conselleria de Transparència tras la dimisión de Esperança Camps, tal vez haya que esperar, pero Armengol está obligada a especificar y justificar todos los gastos menores por respeto a la legalidad y la coherencia ideológica.
Durante el Govern Bauzá esta ley no fue aplicada. Sorprende que Armengol no haya ordenado su cumplimiento desde el minuto uno de su mandato. La presidenta debe liderar esta obligación. Es plausible el giro del PP con su reclamación, tras haber sufrido con los escándalos de corrupción. Ahora se convierte en el abanderado de la transparencia. Tal actitud debe ser reconocida como un esfuerzo por un nuevo estilo, porque la transparencia exige e implica a todos los partidos.
