El «caso Noos» ha sido trasladado desde el juzgado de instrucción número 3 de Palma, que dirige José Castro, a la Audiencia Provincial de Palma. 24 horas antes, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach se ha adherido a la petición de la defensa que ha solicitado una rebaja sustancial de la fianza civil impuesta a la infanta Cristina de Borbón. Una fianza fijada en 2,7 millones de euros y que se propone reducir ahora a 450.000.
Horrach considera injustificada una caución que supone el séxtuplo de lo supuestamente defraudado por la hermana de Felipe VI a Hacienda. El fiscal está dando pruebas de una independencia que le acarrea no pocas críticas, en especial desde aquellos sectores que buscan una lectura política a un asunto que no debe rebasar el ámbito jurídico.
El rango social o institucional no constituye pretexto para forzar la interpretación de la norma en su contra y en este contexto hay que situar la actuación de Horrach. El trabajo de jueces y fiscales en el «caso Noos» no puede quedar contaminado. Su labor debe estar únicamente iluminada por la exigencia del cumplimiento de la legalidad. Los reproches morales o políticos pertenecen a otro ámbito.
