El juez imputa a Médicos del Mundo por los abusos sexuales de su delegado en Menorca

Las mujeres revelaron que  el hombre, técnico de intervención de la entidad benéfica, se aprovechaba de su empleo para exigir y satisfacer sus inquietudes sexuales a cambio de ayudarlas a resolver los trámites que precisaban, consciente de su vulnerabilidad y desconocimiento ya que la mayoría carecían del permiso de residencia, no sabían nada de la ciudad a la que llegaban y apenas tenían recursos.

El programa de atención a las víctimas de la prostitución es uno de los más importantes de los que realiza esta entidad con sede y personal en la Isla desde 2021. Precisamente el denunciado, con una trayectoria de años en la organización en diversos programas, fue trasladado por la ONG desde Palma a Maó cuando se abrió la oficina en la calle Picasso de esta ciudad.

El asunto se halla en fase de instrucción aunque en las últimas fechas ha dado un giro importante puesto que el juez ha decidido que Médicos del Mundo pase de testigo a investigado/imputado por su responsabilidad sobre el que era uno de los dos rostros visibles de la organización en la Isla hasta su despido. Ese cambio motivó que ayer se suspendiera la declaración de la ONG en el juzgado como testigo. Sus responsables en Balears serán citados el próximo mes para declarar ahora en calidad de imputados.

El despido del técnico que debía orientar, asesorar y acompañar a las mujeres que practicaban la prostitución en Menorca fue la reacción de la organización después de que una de ellas explicara los abusos que cometía con las chicas que iban llegando a la Isla. La comunicación de los hechos se hizo en el verano de 2022, aunque la coordinadora balear de Médicos del Mundo, Belén Matesanz, aseguró ayer a este diario que no había tenido conocimiento hasta finales de diciembre de ese mismo año.

La organización no gubernamental escuchó a las partes, nombró un comité ético, le abrió un expediente disciplinario y concluyó que los hechos eran ciertos y admitidos por su propio responsable, al que despidió apenas un mes después.

Desde entonces, hasta el mes de septiembre, Médicos del Mundo no denunció a su trabajador ante la Fiscalía esgrimiendo que la primera mujer que había informado de lo sucedido no quería demandarle, cuando esta y sus compañeras lo que esperaban es que fuera la ONG la que lo hiciera.

Finalmente la entidad sin ánimo de lucro acudió a los juzgados en el momento en que las mujeres advirtieron a la ONG en Balears que, en vista de su inacción, estaban dispuestas a hacer público su caso que acabaron elevando a la sede central de la organización en Madrid días antes de la denuncia.

La declaración de las cuatro querellantes ante el juez incluyó esta apreciación bajo el convencimiento de que Médicos del Mundo estaba intentando tapar lo sucedido, lavarse las manos con su tardío despido y dar largas a sus demandas porque había pasado el tiempo sin que actuaran contra la persona a la que acabarían demandando.

Falta de información

También declararon que ni recibieron la información pertinente de la ONG para que le denunciaran ante la Policía o el Juzgado, sino que al contrario, les insinuaron que si lo hacían, dado el ejercicio de su profesión, la situación podría volverse en su contra.

La denuncia fue admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 1 de Maó aunque el técnico de intervención no resultó detenido, ni tampoco se le aplicaron medidas cautelares que sí fueron solicitadas por las querellantes. Las mujeres comunicaron su temor a la organización ante posibles represalias de la persona a la que habían demandado y la ONG les facilitó otro alojamiento en Menorca.

A pesar de que han sido cuatro las chicas que denunciaron a este técnico por agresión sexual continuada, señalaron su convencimiento de que durante el tiempo en que el acusado ejerció como uno de los responsables de intervención de la entidad benéfica en la Isla, hubo al menos otras seis, todas de origen sudamericano, que habrían sido víctimas de estos mismos delitos.

De ser declarado culpable, el hombre se enfrentaría a una pena de prisión de varios años, según la calificación final de los hechos, y a tener que indemnizar a las mujeres que le han demandado.