Los hechos que se juzgan esta mañana se remontan a 2018 cuando la acusada propuso a un matrimonio, que había acudido a su consultoría a fin de obtener los permisos para legalizar la situación de la mujer, de nacionalidad extranjera, crear una empresa ficticia en la que él contratara a su esposa para que pudiera conseguir la residencia y regularizar su situación administrativa.
La consultora, a sabiendas de la ilegalidad, elaboró un contrato ficticio que reflejaba la contratación de la mujer en la supuesta empresa, pero nunca llegó a darla de alta en la Seguridad Social. El único propósito del contrato era conseguir una regularización fraudulenta de la situación de la mujer que aparecía así como trabajadora ante la Delegación del Gobierno para obtener la residencia por la circunstancia excepcional de arraigo.
La inculpada exigió a los clientes un pago previo de 300 euros, sin que ellos fueran conscientes de la irregularidad que estaban cometiendo.
El expediente de la mujer supuso la nulidad del alta en la Seguridad Social al percatarse la Administración Pública de la actuación fraudulenta que habría cometido la acusada, por lo que impuso al matrimonio perjudicado una multa de 5.000 euros.
2 comentarios
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De gran o poca cuantía, sigue siendo fuera de la ley.
Por la cantidad de dinero que hay por medio más que una estafa parece que quiso hacerles un favor de forma no legal. ¡En fin!