El Partido Popular, con Vilafranca al frente, tras la firma del acuerdo.

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El documento de 21 propuestas para implementar medidas de protección de la educación de 0 a 3 años en la Isla, firmado el pasado mes de mayo por todos los grupos políticos y agrupaciones de electores a iniciativa de la comisión Tallafocs, podría haberse quedado en agua de borrajas.     

A falta de unos días para que el Consell apruebe de forma definitiva el proyecto de presupuesto de 162,5 millones de euros para 2024, en el borrador del mismo no hay ni rastro de las propuestas para las escoletas. Según el psicólogo Vicenç Arnaiz, representante de Tallafocs, el conseller de Educación, Joan Pons Torres, les aseguraba hace poco más de una semana que la propuesta saldría adelante incluida en los presupuestos. Sin embargo, no hay ni rastro de ella ni en el volumen numérico ni en el memorístico, destinado a describir los objetivos. «No aparece ninguna referencia en ninguna partida. Queremos pensar que el equipo de gobierno lo ha introducido en otra más grande, ha quedado en cierta manera oculto, y que se ha olvidado de incluirlo en la memoria», expresa Arnaiz.

Otra de las opciones que barajan es que les hayan estado «enredando» y no piensen ponerlo. La maestra Eva Bordoy, también miembro de Tallafocs, indica que llevan días intentando ponerse de nuevo en contacto con los representantes del Consell, pero por el momento tan solo reciben largas, «resultan inaccesibles en estos momentos», subraya.

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Desde Més per Menorca y el PSOE le han hecho saber a Tallafocs que ellos tampoco han sido capaces de encontrar ninguna referencia a alguna de las medidas consensuadas hace siete meses.

Climatización, la gran prioridad

«Si no se toman ahora las medidas presupuestarias, no llegamos a tiempo a tener aire acondicionado en las escoletas», señala Arnaiz preocupado, ya que la climatización es una de las medidas principales y más urgentes entre las incluidas en el documento de 85 páginas.

La instalación de estos equipos necesita el apoyo económico del Consell, ya que rondan los 15.000    euros por centro, coste que no pueden asumir los ayuntamientos por su cuenta.

«Los niños pequeños no pueden volver a pasar otro verano a 35 grados. No se puede permitir», concluye Arnaiz.