El presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, atiende a los periodistas tras anunciarse el cese de la consellera de Vox. | Gemma Andreu

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El pacto de gobierno entre PP y Vox en el Consell de Menorca ha saltado por los aires cuatro meses y diez días después de que se firmara, el 5 de julio, tres días antes de que Adolfo Vilafranca fuera investido presidente de la institución. Vilafranca cesó este martes a Maite de Medrano, representante de Vox, como consellera ejecutiva a cargo del departamento de Vivienda, Agenda Urbana, Innovación y Ocupación, es decir, se queda con su escaño pero sin responsabilidades dentro del gobierno popular, que ahora afronta lo que queda del mandato en minoría, con seis consellers electos y uno no electo. Además afronta una nueva reestructuración con el reparto de las materias que asumía Vox entre los consellers del PP.

Por la mañana fue la propia De Medrano -como ya hizo cuando acusó a Vilafranca de bloquear el cese de su director insular-, quien aireó lo sucedido en las redes sociales. Publicó en su perfil de X (antes Twitter) que le correspondía a Vox nombrar al nuevo director insular, «porque es un cargo de confianza», y que al hacérselo saber a Vilafranca, que días antes nombró a Jaime Fedelich, del PP, este la había cesado. «Ante nuestra posición, el presidente Vilafranca me ha comunicado mi cese como consejera ejecutiva o de gobierno en el, hasta este cese, cogobierno de PP y Vox en el Consell insular de Menorca», tuiteó. El mismo mensaje también se replicó en el perfil del partido Vox Menorca en otra red social.

El presidente critica los vaivenes de Vox

Sin embargo, el presidente Adolfo Vilafranca compareció ayer tarde ante los medios y aseguró que el nombramiento de Jaime Fedelich como director insular de Vivienda había sido acordado con la consellera Maite de Medrano, y que esta 24 horas después cambió de opinión.

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El motivo del cese de la consellera de Vox es «la falta de actividad» en la Conselleria que se le asignó, subrayó el presidente. popular. Con este cese son tres ya las destituciones que se han producido en el equipo de gobierno en apenas cuatro meses. Primero fue la directora insular Marta Febrer, la semana pasada el director insular de la Conselleria de Vox, Ricardo Galí y ahora su propia consellera, Maite de Medrano, a quien se le retiran sus responsabilidades ejecutivas.

La necesidad de pactos para gobernar

«No ha sido una decisión fácil», declaró Vilafranca, «nos quedaremos en minoría y necesitaremos llegar a acuerdos con el resto de partidos de la oposición». El presidente aseguró que el PP «siempre ha abierto puentes con las otras formaciones políticas y ahora los potenciaremos para llegar a acuerdos sobre los temas que son importantes para Menorca».

Según el político popular el pacto con Vox en la institución «había llegado a una situación que nadie quería, con manifestaciones públicas, como el cese del director insular, que pensamos que se tenía que canalizar de una forma distinta, de todas formas se gestionó, se acordó un nuevo director insular entre PP y la representante de Vox, ese acuerdo duró 24 horas, y tenemos mucho trabajo que hacer, no podemos estar sujetos a cambios de parecer y a inestabilidad», en referencia a los vaivenes de la consellera de Vox. A preguntas de los periodistas respondió que De Medrano había faltado a la verdad en su publicación en redes, porque el nuevo director insular, Jaime Fedelich, «estaba pactado».

El apunte

El presidente apela a la responsabilidad de todos los grupos políticos

Vilafranca apeló a la responsabilidad de todos los grupos políticos, también los de la oposición, para acordar y aprobar los proyectos vitales para Menorca, como lo son las cuentas de la institución. «Con el voto del equipo de gobierno que va a quedar, solo del PP, no es suficiente para sacar adelante nada que vaya a pleno», admitió Vilafranca.

Por ello, añadió que «también hay determinada responsabilidad de quien acude a los plenos y levanta la mano, si no se aprueban los presupuestos eso tiene una consecuencia, y es que se prorrogarán los presupuestos antiguos».

Esta situación conllevaría poner en peligro todas las previsiones de inversión y de mejora, «por ejemplo en reciclaje de residuos o en servicios sociales, no se van a poder llevar a cabo». «Nosotros presentaremos nuestro proyecto», afirmó, «y luego será voluntad» de quien tiene que votar.