El concejal del PP Salvador Botella en el pleno del jueves | Javier Coll

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El Partido Popular criticó este martes el acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno de Maó y la concesionaria del servicio de agua, Hidrobal, para resolver el conflicto que ambas partes mantenían desde hace años por el impago de 1,9 millones correspondientes a varias inversiones hidráulicas que la empresa había ejecutado sin ser compensada por ello.

La portavoz Águeda Reynés valoró que este litigio debería haberse resuelto en los tribunales y no mediante una addenda al contrato de servicio de agua que, según apuntan los técnicos municipales en sus informes, supone autorizar «una subvención» a Hidrobal junto a una subida global de las tarifas del 10 por ciento.

Tal como avanzó el concejal Salvador Botella en el pleno del pasado jueves, los populares presentarán un recurso de reposición frente al acuerdo y formularán alegaciones a la ordenanza donde se aprueban las nuevas tarifas.

A juicio de Reynés, «todo este entramado burocrático es consecuencia de una negociación comercial pura y dura en la cual consideramos que no se han defendido suficientemente los intereses de los mahoneses aunque tal vez sí los de los equipos de gobierno anteriores formados por PSOE, PSM e IU».

El PP aseguró no estar en contra de que el Ayuntamiento «pague lo que le corresponda», pero pidió que lo haga de forma «controlada y correcta, administrativa y jurídicamente y sin crear agravios comparativos a otras empresas o a los propios ciudadanos». Según Reynés, resulta especialmente preocupante el reparo de los servicios de intervención a la solución acordada con Hidrobal, empresa a la que considera «tan responsable como el propio Ayuntamiento en esta cuestión».


Subida de tarifas

En cuanto a la subida de tarifas, la portavoz del PP reiteró su oposición a subir el precio del agua cuando ésta se suministra con exceso de nitratos y, por tanto, no es apta para el consumo. «No se puede subir el agua mediante la penalización de lo que se denomina grandes consumidores porque directa e indirectamente se está penalizando a toda la población», zanjó.