Chalés en el parque natural de S’Albufera, donde en los años 90 se declasificó una urbanización. | Javier Coll

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Los técnicos del Consorcio que vela por la legalidad en suelo rústico sí realizaron una comprobación ocular en las viviendas de Shangri-La, en el parque natural de s'Albufera, a raíz de la denuncia del GOB. En una nota emitida ayer y firmada por los dos inspectores del servicio, éstos aseguran que estudiaron las fotografías entregadas por los ecologistas, que además fueron cotejadas con otras de las que disponían, y que durante la visita in situ no detectaron «en ninguna de las siete zonas obras en marcha o recientes».

Los técnicos especifican que en uno de los siete casos expuestos por los ecologistas «no encontramos ningún volumen o actuación». En los otros seis sí detectaron presuntas infracciones como pérgolas, casetas de madera, ajadinamientos, grava, pequeñas terrazas de piedra seca, un contenedor, cubiertas, posibles ampliaciones de terrazas y pequeñas construcciones anexas o pequeñas ampliaciones. Ninguna de ellas de la enjundia necesaria para darle prioridad a la actuación.

 Dicha visita a las edificaciones se produjo el 4 de septiembre de 2014, dos días después de que el GOB presentara su escrito informando sobre un posible aumento de volumen en siete edificaciones de la fallida urbanización en el núcleo de la Reserva de Biosfera.

Después, de acuerdo con la información recabada, el caso se integró en el listado de denuncias sobre posibles infracciones en suelo rústico, «ocupando el lugar que le corresponde de conformidad y en cumplimiento de los criterios de prioridad aprobados por la junta de gobierno» del Consorcio. Unos criterios que los técnicos consideran «acertados y coherentes».

Es decir, las irregularidades detectadas no se creyó que requirieran una actuación inmediata y urgente, así que el escrito del GOB se puso a la cola junto con «la multitud de denuncias a las que se debe dar respuesta, teniendo en cuenta no obstante los medios materiales y personales de los que se dispone».

Por otro lado, el Govern señaló ayer que el agente de medio ambiente que vigila la zona y el director del parque natural no tienen constancia de esta denuncia y que en la junta rectora celebrada hace un mes, en la que había dos miembros del GOB, éstos no hicieron referencia a este asunto.

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