Joana Barceló era presidenta del Consell (1999-2008) cuando se aprobó el Plan Territorial Insular (PTI) que decidió modificar las condiciones de las parcelas en las que Cesgarden pretendía levantar un hotel en Son Bou. La socialista defiende esa decisión, asegurando que "cuando afrontamos la elaboración del PTI, decidimos hacer frente a un crecimiento potencial de las zonas turísticas que habría duplicado las urbanizaciones existentes actualmente".
La decisión se basó, explica, en la defensa de los valores ambientales, de la declaración de Menorca como Reserva de la Biosfera o de la calidad en las zonas turísticas. "Teníamos que reducir el crecimiento potencial con la máxima seguridad jurídica. Clasificar terrenos es muy fácil. Lo difícil es desclasificar", explica Barceló.
Entre las zonas afectadas estaba Son Bou, y Cesgarden. La expresidenta explica que se trataba de una operación de esponjamiento y de reubicación de unos aprovechamientos urbanísticos. Cesgarden no fue el único caso en el que se actuó, ni tampoco el único que derivó en un proceso judicial. "Otras sentencias por acciones similares han acabado dando la razón al Consell, por eso preocupa y mucho que este caso no se haya ganado", comenta Barceló. En este punto, la dirigente socialista recuerda que en relación al PTI, de los 55 casos que han acabado en los tribunales, 54 han dado la razón al Consell y al PTI. Solamente una ha ido en sentido contrario.
De todos modos, y con la sentencia firme sobre la mesa, Joana Barceló insta a trabajar para que los efectos de esta sentencia sobre la economía del Consell sean los menos posibles. En este sentido, afirma que "espero que el gobierno sea capaz de luchar esta situación, ya sea desde la negociación o sino, mediante la inversión en la recuperación ambiental de Menorca".
Barceló insta primero al equipo de gobierno del Consell "a agotar todas las vías jurídicas posibles que aún estén disponibles". Si se cierra este camino, la expresidenta cree que el equipo de gobierno del Consell debe llamar a la puerta de otras administraciones para reclamar su colaboración y ayuda en el pago de la indemnización.
"La sostenibilidad y la restitución de zonas turísticas es un objetivo prioritario de todas las administraciones, según dicen, y eso deben aplicarlo también en este caso", defiende Barceló. De hecho, la actual diputada defiende que esta colaboración entre administraciones ya se ha dado en otras situaciones y zonas, y que por tanto sería posible que sucediera también en la Isla.
De este modo, quien presidió el Consell cuando el PTI vio la luz, pero que ya no estaba al frente de la administración insular cuando se desencadenó el proceso judicial de Cesgarden, reclama que "hay que encontrar apoyos para una acción de esponjamiento como la que se planificó para esta zona". Barceló especifica que todas las administraciones, desde el Govern balear hasta la Unión Europea, pasando por el Gobierno central, son susceptibles de ser potenciales colaboradores.
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