Sesión. La consellera de Turismo, Salomé Cabrera, dio cuenta de la situación de la Fundació Destí - Gemma Andreu

TW
0

Dieciocho trabajadores de la Fundació Destí finalizarán el próximo sábado su relación con la empresa al haber sido incluidos en el Expediente de Regulación de Empleo de la entidad. La reestructuración de la empresa era "imprescindible", según la consellera de Turismo, Salomé Cabrera, para garantizar la viabilidad de la misma. Era "aplicar una reestructuración o la Fundació desaparecía", aseveró ayer la máxima responsable de Turismo en su comparecencia voluntaria ante el pleno para dar cuenta de la situación actual de la entidad.

Cabrera anunció que la entidad permanecerá con 21 trabajadores en plantilla, de los que seis son de temporada. A su vez, matizó que el Consell ha incluido 324 facturas pendientes por valor a 117.000 euros a atajar a través de una línea ICO para poder hacer frente a parte de la deuda de más de 900.000 euros que mantiene.

La aplicación del ERE ha convertido a la Fundació Destí en la primera entidad pública que se ha acogido a esta figura con la entrada en vigor del Real Decreto que regula el mercado laboral. Cabrera indicó en este sentido que el ERE supondrá un gasto en concepto de indemnizaciones por valor de cerca de 60.000 euros. "Son decisiones muy desagradables aunque hemos procurado ser sensibles con los afectados", remarcó. Aunque todavía se está elaborando la reestructuración organizativa de la Fundació, "vamos a garantizar los mismos servicios que se prestaban antes aunque algún aspecto, lógicamente, va a resentirse".

Los partidos de la oposición pidieron a la consellera que concretara sus palabras para saber exactamente en qué va a debilitarse la Fundació a lo que Cabrera reiteró la intención de reorganizar los puestos incluso planteándose la posibilidad de eliminar los departamentos estancos entre informadores culturales y turísticos y unificar ambos servicios.

Los socialistas reprocharon que el Consell "abandere la nueva reforma laboral para dejar a la calle a sus trabajadores", apuntaba el portavoz Marc Pons, a lo que Cabrera aseguró que la situación no hubiera sido límite si el anterior equipo de gobierno no hubiera dejado una herencia tan envenenada.

"Aun pagamos facturas del Bus Turístic, el anterior equipo pagó dos veces una página web y ahora aparecen convenios con touroperadores, donde está su firma y no la del presidente, y que después de desarrollar el trabajo esperan cobrar", argumentaba la consellera.

Plan territorial insular

La iniciativa del Consell de aprovechar la tramitación como ley del decreto balear de Ordenación Urbanística Sostenible para incorporar como enmiendas algunas modificaciones del Plan Territorial Insular salió victoriosa ayer, sin el apoyo de los dos partidos de la oposición que votaron en contra.

El conseller de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, aseguró que esta medida va a "retornar la confianza, posibilitará la actividad del sector y reducirá la carga administrativa, a día de hoy los trámites son demasiado farragosos", y añadía a modo de ejemplo que "hacer un 'bouer' significan dos o tres años de trámites". Tanto PSOE como PSM tildaron de "patético" y de "falacia" que haya de ser el Parlament quien modifique un plan territorial insular competencia del Consell, además de criticar la ambigüedad de las modificaciones que se proponen a modo de enmiendas.

La portavoz nacionalista, Maite Salord, criticaba una norma que "favorece a aquellos que han incumplido la ley volviendo a demás a un urbanismo de los años 60" y añadía que "ustedes han roto con la apuesta de velar por el capital natural para volver a los disparates urbanizadores".

Por su parte, el conseller socialista Joan Marquès se aferraba al hecho de que "si hay una modificación a hacer, hagámosla a partir de los trámites establecidos, desde la Isla y en clave menorquina" y añadió que "incluso los campos de golf son viables con el PTI actual".

Huguet pidió sensatez puesto que "no podemos decir que sí a un campo de golf para luego tener un instrumento que ante los tribunales nos diga que no lo podíamos hacer" y concluyó que los "hechos nos darán la razón, no queremos destruir sino tener más recursos, ofrecer una oportunidad a los ciudadanos".

Protesta sindical

Una decena de sindicalistas se personaron ayer en la sesión plenaria para protestar contra la reforma laboral. El grupo levantó una pancarta que, aunque provocó el bullicio en la sala, no hizo tambalear la continuidad de la sesión plenaria.

Cabe indicar que el grupo socialista presentaba también en el pleno una propuesta de acuerdo para instar al Gobierno estatal a retirar el real decreto de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral que fue rechazada con los votos en contra del PP.