El conseller de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, quiere que las aportaciones que pueda realizar Menorca al decreto ley de medidas urgentes para la Ordenación Urbanística Sostenible se aprueben por consenso en el seno de la institución, y por ello presentará las propuestas de mejora de la normativa balear para su debate ante el pleno del Consell.
Para ello se someterán a consulta de la comisión técnica asesora en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que se reunirá el próximo miércoles, las opiniones recogidas en la ronda de contactos entre el Consell y los ayuntamientos, así como las dudas que hayan surgido ante la aplicación del nuevo decreto ley y su encaje en el Plan Territorial Insular (PTI), cuya revisión puntual ya ha anunciado el gobierno del Consell.
El responsable de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, afirmó ayer que los encuentros con los municipios ya han comenzado, y que continuarán hasta este miércoles (Es Castell será el último), fecha prevista también para reunir a la comisión técnica. Entre las cuestiones que se plantean, Huguet apuntó la delimitación de los núcleos rurales existentes, que no han completado su aprobación pero sí han iniciado un plan especial.
"Lo lógico es que se los considerara asentamientos urbanos", señaló el conseller, quien añadió que la incorporación de las propuestas como una enmienda, durante la tramitación como ley ante el Parlament del actual decreto, "permitirá hacer más ágiles y más seguras las actuaciones relacionadas con el decreto".
Respecto a los asentamientos urbanísticos en suelo rústico, Huguet opinó que su aprobación como núcleos rurales "tenía sentido con la ley de 1997" pero queda "obsoleta" con el decreto de Ordenación Urbanística Sostenible, ya que al existir viviendas requieren de servicios urbanos. En este sentido, el conseller afirmó que no se puede establecer la obligatoriedad de los ayuntamientos de dotar de servicios a dichos asentamientos "si los quieren tendrán que pagarlos los residentes", remarcó, "de ningún modo pueden tener las mismas ventajas pagadas por todos de una escuela o un centro sanitario, y eso debe quedar claro en la futura ley", concluyó.
Otra cuestión a abordar es la relativa a la exigencia de un plan parcial para las unidades de actuación urbanística, que, según Huguet, requerirá de un "régimen transitorio" para no retrasar aquellos proyectos que están a punto de iniciarse y que son necesarios para generar actividad económica. "Me parece necesario que cuando se trate de casos que están en tramitación avanzada se les aplique la normativa vigente cuando se inició el proyecto", aseveró.
No hay informe técnico de S'Enclusa
Los técnicos del Consell aún no han elaborado el informe que requiere la mesa de contratación para adjudicar la redacción del proyecto del centro de interpretación de la Reserva de Bsiofera de S'Enclusa.
Así lo afirmó ayer el conseller de Ordenación del Territorio, Cristóbal Huguet, preguntado por el futuro del proyecto, que ha vuelto a situarse en el centro del debate político debido a la modificación del presupuesto de 2012 y a la incorporación de la partida finalista de casi 7 millones de euros para su ejecución.
"Hasta que los técnicos no hagan una propuesta la mesa no se puede convocar", aseguró Huguet, quien no descartó la ejecución de esta obra y aseguró que cuando se redacte el proyecto "revisaremos los costes y veremos o no si es lo que conviene hacer".
Huguet insistió en que el dinero de las inversiones estatutarias fue transferido por el Gobierno a Balears, cuando gobernaba Francesc Antich, y el Govern "se quedó" con él. Según Huguet, "lo que hicieron fatal" es conveniar la llegada de los recursos a Menorca contra las certificaciones de obra.
En el caso de las salas multifuncionales las obras "se van ejecutando, aunque con retrasos", pero el proyecto de S'Enclusa no se llegó a redactar.
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