Esta anómala situación del FIR de Marsella ha perdurado hasta 2018 (casi 40 años) y sus huelgas son una excepción del sistema de control del tráfico aéreo europeo que funciona con relativa normalidad. Desde el Fomento de Turismo de Mallorca, con la colaboración de la autoridad aeroportuaria de Palma, se trabajó mucho para buscar una solución, sin resultado alguno. Francia no ha podido superar el problema laboral subyacente en este centro de control, que sin duda soporta una carga excesiva de trabajo debida al desarrollo del turismo por vía aérea del mediterráneo occidental. Hasta la fecha, tampoco la Comisión Europea ha arbitrado medidas para este grave problema de transporte aéreo y sigue defendiendo el derecho a la huelga de los controladores, a pesar de las continuas denuncias de la asociación Airlines for Europe e IATA. Sin embargo, ya hace años que la UE aprobó una iniciativa para un nuevo control aéreo unificado en Europa (mediante uso de satélite y desde Maastricht), pero los estados miembros siguen siendo reticentes a la cesión total de su soberanía aérea. Mientras, el tráfico aéreo crece en España y es Balears quien más sufre de las huelgas de Marsella, pues afecta a más de la mitad de sus vuelos internacionales (control vía FIR Marsella para la Europa centro-norte). El resto es controlado vía FIR Barcelona (Reino UNido, Irlanda, Francia, Bélgica, Holanda).
La reciente huelga de personal de Ryanair ha puesto en evidencia de nuevo el impacto que tiene una disrupción del transporte aéreo sobre la primera actividad económica de Balears. Estos conflictos son un agravio comparativo para los ciudadanos residentes en islas o para los viajeros a islas, al no disponer de alternativas, además de tener un elevado coste para las aerolíneas. Sin embargo, el Ministerio de Fomento ha dictado novedosas normas de regulación de esta huelga, con la fijación de servicios mínimos del máximo 100% por insularidad (además de otros muy inferiores en ciertas rutas y duraciones de vuelos). Por ello, sería oportuno que la Comisión Europea y todos los países se involucraran en una regulación común de estas huelgas, estableciendo servicios mínimos del 100% para las islas.
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