"Consideramos que varios artículos de la ley de Vivienda invaden competencias recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía", ha asegurado Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, tras la reunión en la que se ha dado luz verde al recurso. "Creemos que existen argumentos más que importantes para sostener la insconstitucional", ha agregado el responsable autonómico.
La Comunidad pone el foco sobre 11 apartados de ocho artículos y una disposición final que modifica la ley de Enjuiciamiento Criminal. "Creemos que la vivienda es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid, por lo que el Estado se está extralimitando", ha añadido Rodrigo sobre la ley, que entró en vigor el pasado mayo.
Según ha desgranado el consejero, el recurso se interpondrá "en los próximos días", obligatoriamente antes del día 25 de julio, que según el responsable madrileño es la fecha límite para recurrir al TC. "Hoy se ha acordado que se pueda interponer ese recurso", ha señalado el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García, que ha añadido que en los próximos días será la Abogacía General de la Comunidad la que lo presente, tal y como establece la normativa.
Preguntado sobre el hecho de que el recurso se interponga a pocos días de unas elecciones generales en las que puede haber un cambio en La Moncloa, y en consecuencia que el nuevo gobierno acometa cambios sobre esta regulación, García ha subrayado que la ley hoy por hoy está en vigor con los aspectos que la Comunidad considera lesivos para sus intereses, y esta circunstancia motiva el recurso.
Lo cierto es que los partidos conservadores ya han anunciado que acometerán cambios en la ley de Vivienda redactada por el PSOE y Unidas Podemos si gobiernan tras el 23-J. El PP de Alberto Núñez Feijóo aseguró en abril que tumbaría la ley de Vivienda si llegara a La Moncloa, pero que mantendría las ayudas fiscales; y Vox directamente habla de derogar el texto.
De momento, el recurso que presentará en breve la Comunidad de Madrid se arma sobre argumentos como la "excesiva regulación por parte del Estado, a la normativa en materia de protección pública y a la definición de zonas de mercado residencial tensionado".
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