Los tres primeros imputados por el caso de los ERE irregulares que comparecieron ayer ante la comisión de investigación parlamentaria se acogieron a su derecho a no declarar e incluso dos de ellos (Ramón Díaz y Antonio Diz-Lois) amagaron con acciones legales por las preguntas planteadas por los diputados.
La primera de las nueve sesiones estuvo marcada por la negativa de los tres primeros imputados a contestar a las preguntas de los grupos, lo que no impidió conocer algunas de sus opiniones sobre un caso en el que la comisión intenta aclarar responsabilidades políticas en la concesión de ayudas públicas por valor de más de 1.200 millones durante una década.
El primero en comparecer fue Ramón Díaz, exdiputado del PSOE y antiguo asesor de la Consejería de Empleo imputado por la juez encargada del caso Mercedes Alaya.
Díaz intentó ausentarse de la comisión alegando que "se sentía coaccionado" e "indefenso" ante unas preguntas "difamatorias" que pretendían "provocar su respuesta ante insinuaciones falsas".
El exdiputado protagonizó un enfrentamiento con el presidente de la comisión, Ignacio García (IU), a quien anunció su decisión de ausentarse, aunque finalmente desistió ante la advertencia de que incurriría en un delito de desobediencia previsto en el Código Penal.
Llegó a interrumpir en varios momentos las preguntas de los portavoces parlamentarios, en especial cuando Rafael Salas (PP) leía su pregunta sobre si había cobrado comisiones para él mismo, la Junta o el PSOE, a lo que replicó que no acepta que se le difame acusándole de "cobrar dinero sin pruebas".
Acompañado al igual que los otros dos comparecientes por su abogado, el exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo Antonio Diz-Lois, alegó que era un "simple jefe de servicio" en la Consejería de Empleo.
Un "poco nervioso", según reconoció, se limitó a la lectura de una declaración en la que dijo que "jamás" ha sido "asesor ni intermediario en ninguno de los expedientes de concesión de ayudas que están siendo investigados" y advirtió a la comisión de que se reserva el derecho a emprender acciones judiciales por una "presunta coacción" y una "restricción al derecho a la defensa".
El tercero en comparecer fue el exgerente de la empresa municipal Mercasevilla Fernando Mellet, que denunció ser objeto de una "persecución personal" con "total ausencia" de garantías jurídicas, lo que atribuyó a una batalla política de los grandes partidos para alcanzar "altas" cotas el poder.
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