Vía libre

El 75 % y la vigilancia de precios

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Otra vez somos afortunados gracias a las islas afortunadas. Desde primera hora de la mañana de ayer lunes se pueden adquirir billetes aéreos y marítimos a la Península con el 75 por ciento de descuento para los residentes en Canarias, Balears y las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla. Era una medida anhelada, se esperaba una elevada demanda en las agencias y en las aerolíneas y así fue, tanto que se vivieron momentos de colapso en algunas plataformas de venta on line. La aprobación de esta bonificación ha sido tortuosa y nos ha mantenido en vilo hasta el pasado viernes, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a una mejora prevista en los Presupuestos Generales del Estado.

Otro culebrón, porque las cuentas hay que recordar que fueron negociadas y pactadas por el PP –ahí entro en acción Nueva Canarias, como ya ocurrió con el 75 % entre islas–, que el PSOE votó en contra y que una vez en el gobierno tras la moción de censura, ha tenido que aplicar, después del amago de retraso de seis meses. La llegada de este incremento del descuento es de las mejores noticias recibidas en los últimos tiempos relativas al transporte, eso es así, no vamos ahora a ponernos finos, a quejarnos por inercia, hay que valorar el esfuerzo económico que realiza el Estado (y para gustos están los colores, los políticos también) para que esa conectividad entre las islas y el territorio peninsular mejore.

En 2017 el Estado pagó 18 millones de euros por los viajes de los residentes menorquines, dos millones más desde que subió el descuento de residente a Palma, que ha generado una gran movilidad entre islas. Pero ojo, si un billete a Barcelona valía 100 (con sus tasas, impuestos y gastos de gestión) tiene que costar ahora 25, así de simple. El miedo de las agencias es que las aerolíneas empiecen ahora con las triquiñuelas y la subida de precios, y entonces de nada valdrá subir el porcentaje si se aplica sobre una tarifa de 300 euros. Nosotros nos sentiremos estafados, el erario público sableado y los no residentes no podrán ni plantearse venir. La Administración tendrá que estar muy vigilante para que eso no suceda.