Vía libre

Debate inoportuno

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Este jueves se debatirá en el Congreso la derogación de la prisión permanente revisable. Se trata de una proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal que presentó el grupo nacionalista vasco (PNV) en septiembre de 2016 y fue tomada en consideración por la Cámara en octubre de 2017 por el 51 por ciento de los diputados presentes (342).

Según el diario de sesiones votaron a favor de la derogación toda la oposición (PSOE, Podemos, ERC, PNV, miembros del Grupo Mixto excepto tres, que votaron no); en contra, PP, y abstenciones, las de Ciudadanos. No votaron en dicha sesión una diputada de C's, uno de ERC, el de Nueva Canarias, y tres socialistas, entre ellos Pedro Sánchez. Llega este debate en un momento del todo inoportuno, con el hallazgo del niño desaparecido en Almería, Gabriel Cruz, asesinado; con otro cadáver en la morgue, el de Paz Fernández, golpeada y arrojada al embalse de Arbón, y otras dos mujeres desaparecidas en Asturias. Y tantos casos más por resolver. En julio de 2015 el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el PSOE contra esa pena máxima, y todavía no ha dictado una resolución.

Aun así, y a falta de que los grupos políticos modifiquen en estos días previos sus posturas, la proposición sigue en el orden del día del pleno del día 15. Dice textualmente la propuesta del PNV que «ante todo debiera primar la responsabilidad» para, entre otras cosas, «asumir como propia la idea de que la seguridad no lo es todo, de que hay otros derechos y principios que deben inspirar nuestro sistema». Yo discrepo, porque ningún derecho se puede disfrutar si no se protege la vida. Los muertos ya no hablan ni debaten. Nosotros sí podremos seguir con atención qué valor conceden sus señorías a los más de dos millones de firmas recogidas en contra de la derogación por parte de padres de víctimas (Diana Quer, Mari Luz Cortés y Marta del Castillo). Baste una comparación: para que el pueblo pueda ejercer una acción normativa, una Iniciativa Legislativa Popular, se requieren 500.000 firmas documentadas. No hay peor sordo que el que no quiere oír.