Editorial

Dotar de más medios a la Administración de Justicia

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La convocatoria de una jornada de protesta el 18 de febrero y la amenaza de una huelga de jueces el 26 de junio ha vuelto a calentar el ya enrarecido clima de tensión existente entre los poderes ejecutivo y judicial.

Al margen de presiones o intereses de carácter político, la actual movilización en la Administración de Justicia obedece a unas explícitas reivindicaciones laborales que no pueden ignorarse. Y como no se trata de desviar la atención, conviene recordar que las peticiones de los jueces no son en absoluto descabelladas o absurdas; se limitan a reclamar algo elemental: más medios humanos y materiales para poder ofrecer a los ciudadanos una Justicia de calidad, sin colapsos ni retrasos que muchas veces resultan sencillamente escandalosos. El Gobierno y la opinión pública saben bien de la excesiva carga de trabajo que acumulan los titulares de los juzgados. Una carga que se  incrementa y se arrastra desde hace años. Y éste es el problema al que deben aportarse soluciones  si de verdad quiere desactivarse este conflicto. La Justicia es un servicio público al que debe exigirse que funcione con celeridad y eficacia. Con la dotación de los medios necesarios, la ciudadanía también saldrá beneficiada.

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